“En la Constitución de El Salvador la probidad se reconoce como un valor que informa y rige el comportamiento y lo que se espera de los funcionarios que a la vez no favorece la probidad”, afirmó este viernes, la abogada Tahnya Pastor, durante el programa Plataforma.

Pastor agregó que la ley de enriquecimiento ilícito de El Salvador se refiere a funcionarios que faltan a probidad y se enriquecen con los impuestos de los salvadoreños, la cual data del año 1959, “es preconstitucional, que en el 2016 fue declarada inconstitucional”, expresó.

La abogada, explicó que ley de enriquecimiento ilícito tiene que ver con la Ley de Ética Gubernamental, y que no se ha realizado con el objetivo de tener funcionarios probos, ya que en el país no se tiene nepotismo regulado, “se ve el nepotismo cruzado”.

“El artículo 240 de la constitución expresa que los funcionarios y empleados públicos que se enriquecen sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, están obligados a restituir lo que hubieren adquirido ilegítimamente”, detalló.

Pastor, asegura que en El Salvador se necesita una Ley de Probidad nueva, no la de enriquecimiento ilícito desde hace 60 años, sino que tenga los dientes suficientes para perseguir los funcionarios que se hayan enriquecido ilícitamente.

“Para la elección de funcionarios de segundo grado se tiene que tener siempre en cuenta el aspecto de probidad, como ciudadanos estamos llamados a exigir de nuestros funcionarios”, detalló la abogada.

Vea las declaraciones completas:

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