La Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, demandaron por parte del Gobierno, una respuesta integral a los problemas estructurales del país, los cuales aseguran que se han agravado por anteponer los intereses empresariales sobre los derechos humanos de la población.
La Coordinadora consideró que la causa del agravamiento de los problemas estructurales de desigualdad e injusticia en el país es la vigencia del modelo neoliberal, el cual expresaron pone al mercado por encima del Estado, es decir, lo privado sobre lo público y la explotación irracional de los bienes comunes en menoscabo de la protección de la naturaleza.
De acuerdo a Margarita Posada, de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, como organización dijo desconocer el Plan Nacional de Salud que está implementando el Gobierno, y que ante eso, han solicitado audiencias con la ministra de Salud, Ana Orellana, sin embargo aseguró que su solicitud no ha sido contestada.
De igual manera, la Coordinadora exigió al Gobierno la creación de una Ley General de Agua, que involucre a un ente público administrador con la participación de la ciudadanía, quien verificará el funcionar de dicha Ley.
Argumentan que las fallas en el suministro de agua potable en San Salvador reflejan, además de la escandalosa incompetencia de las autoridades de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), una profunda crisis de los bienes hídricos provocada por el agotamiento de los mantos acuíferos que son sobreexplotados por las industrias de bebidas y por la contaminación de la mayoría de afluente superficiales, sobre todo el Río Lempa, del cual consideran que es urgente la implementación de un Plan Nacional de Rescate de dicho río.
Por otro lado, señalaron como urgente la aprobación de un sistema público de pensiones y el impulso de una reforma fiscal progresiva, debido a que consideran que es urgente una desprivatización de este sistema, el cual explicaron beneficia a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s).
El tercer problema que expusieron es sobre las “injusticias tributarias”, donde señalaron que las grandes empresas evaden anualmente hasta 2,000 millones, según cálculos del propio Ministerio de Hacienda.
Ante esto, propusieron crear acciones orientadas a combatir la evasión y la elusión tributaria, a través de impuestos al patrimonio de los más ricos, a la gran ganancia empresarial, a los bienes servicios de lujo y a las grandes transferencias financieras.
Finalmente, hicieron un llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, a utilizar el respaldo popular, reflejado en todas las encuestas de opinión, para resolver los problemas del país y revertir la lógica neoliberal en las políticas públicas.

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