Una lección de decencia: Nicolás Martínez

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El 16 de septiembre del 2020, cumpliendo su obligación constitucional, el Licenciado Nicolás Martínez, entonces presidente del Banco Central de Reserva (BCR), compareció ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el uso que el Órgano Ejecutivo ha hecho de los recursos financieros que ha tenido disponibles, sea por préstamos o del presupuesto nacional, para atender la pandemia del COVID-19. En síntesis el Lic. Martínez respondió que según los informes verificables, de carácter legal y públicos del BCR, los ingresos del GOES durante 104 días de emergencia fueron de US$3,238 millones de dólares.

De esta manera, echó por tierra la repetida historia del presidente Bukele, de que, por negligencia y maniobras de la Asamblea, su gobierno no había recibido “ni un centavo partido por la mitad” para hacer frente a la crisis. Peor aún, la narrativa se le fue en contra ya que ahora las preguntas son: ¿Cómo y en qué se ha gastado ese dinero? ¿En dónde se encuentra? Por tanto, significa que el gobierno tuvo recursos suficientes para cubrir los gastos de emergencia por la pandemia, pagar en tiempo a los empleados públicos y transferir fondos FODES.

Ante dicho contexto, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDESCO), expresa lo siguiente:

  1. Respaldo y reconocimiento público al Licenciado Nicolás Martínez: él ha dado al país una lección de decencia y valentía, de comportamiento ético, legal, honorable, actuando conforme le manda la Constitución de la República y la ley. Y renunciando como consecuencia de ello, ha dado, además, una lección de dignidad personal. El actuó como todo funcionario público debe hacerlo. Por ello merece el respeto y respaldo de todos los ciudadanos.
  2. Afirma que el BCR está concebido como una institución técnica, independiente del poder económico, político o partidario. Su Ley Orgánica establece lo pertinente: el nombramiento de su presidente tiene un plazo y remoción solo puede darse por causa legal comprobada.
  3. En consecuencia, condena todo tipo de actuación autoritaria ejercida desde el poder público, y confía en que la Sala de lo Constitucional podrá revertirla y anularla.
  4. Exige al Órgano Ejecutivo que deje de ocultar información pública bajo el subterfugio fraudulento de declararla confidencial.

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