El Ejecutivo sostiene que no se ha comprobado la eficacia de estos centros en los que la pedagogía está en manos de civiles y la organización y la disciplina a cargo de militares.
Adiós a los uniformes militares, al toque de corneta, a formar fila al entrar en clase o a izar la bandera nacional de Brasil. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha dado carpetazo a uno de los proyectos estrella de su antecesor Jair Bolsonaro: las escuelas cívico-militares.
Bolsonaro, un excapitán del Ejército y un abierto nostálgico de la dictadura militar (1964-1985), implementó este tipo de colegios públicos para hacer frente a la «falta de disciplina» y al «fuerte adoctrinamiento ideológico» de la izquierda.
El Programa Nacional de Escuelas Cívico-Militares (Pecim) –ejecutado entre el Ministerio de Educación y de Defensa– nació en 2019 también con el supuesto objetivo de disminuir la deserción escolar e inhibir los casos de violencia a partir de la disciplina militar.
Se estableció un modelo compartido, en el que los educadores civiles se hacen cargo de la parte pedagógica, mientras que la gestión administrativa, el comportamiento y la disciplina de los alumnos la dirigen los militares.
El modelo es diferente al de las 14 escuelas militares que existen en el país, en las que las Fuerzas Armadas controlan todos los ámbitos.
Hasta 2022, al menos 200 escuelas a nivel nacional habían adoptado este modelo, sobre todo en estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Santa Catarina, estos dos últimos de mayoría bolsonarista.
Brasil tiene 178.300 escuelas públicas, por lo que el total de colegios cívico-militares solo representa un 0,1 %. Sin embargo, el presupuesto destinado fue casi el doble que el consagrado al nuevo bachillerato implementado en Brasil: 64.000 millones de reales (casi 14.000 millones de dólares) frente a 33.000 millones de reales (cerca de 7.000 millones de dólares).
Un «desvío de finalidad»
El Ministerio de Educación detalló que se pondrá fin al programa de manera progresiva para no afectar a la educación de los alumnos y que el personal militar será desmovilizado paulatinamente.
Entre las razones esgrimidas por el Gobierno para su eliminación figuran que no está comprobada la eficacia pedagógica del programa, que además representa un «desvío de finalidad de las actividades de las Fuerzas Armadas». Asimismo, el Ejecutivo cuestiona la cantidad de recursos destinados y la falta de cohesión entre «el sistema educativo brasileño y el modelo didáctico-pedagógico adoptado» por las escuelas cívico-militares.
Pero algo muy distinto opinan sus adeptos, como uno de los hijos del exmandatario ultraderechista, el senador Flávio Bolsonaro.
«Al acabar con las escuelas cívico-militares, el gobierno de Lula no ataca a Bolsonaro, ataca a los niños y sus familias que se beneficiaron del programa. Los datos lo demuestran: ¡Las escuelas son un éxito! Esto no es falta de visión, es un método para acabar con el país», escribió en las redes sociales.
Otras voces, como la del senador Sergio Moro, defienden que el Ejecutivo no cree nuevas unidades, pero que por lo menos no cierre las actuales para no perjudicar a sus alumnos.
Una decisión federal
La decisión es a nivel federal, solo afecta a las escuelas que operan con apoyo económico del Gobierno, y no impide que los estados que quieran puedan seguir adoptando ese modelo.
«Si cada estado quiere continuar pagando, que continúe, pero el Ministerio de Educación tiene que garantizar una educación civil para todo hijo de brasileño o brasileña», aseveró Lula.
Los especialistas alertan que Lula, al dejar el Gobierno la decisión en manos del los estados y municipios, se ha echado él mismo una piedra en su propio tejado.
Más de una decena de gobernadores, entre ellos los de Sao Paulo, Paraná y el Distrito Federal (Brasilia), ya han anunciado que el programa se mantendrá y que incluso se trabajará para impulsarlo.
«La gran contradicción de este anuncio es que al extinguir el programa federal, se impulsó la agenda de la militarización. La frágil decisión del Ministerio de Educación terminó alentando y dando espacio para que gobernadores y alcaldes se promocionen con esta bandera», aseguró Salomão Ximenes, profesor de políticas públicas.
Para Gabriel Correa, gerente de Políticas Educativas de la ONG Todos Pela Educação (Todos Por la Educación), este sistema debe limitarse únicamente a las escuelas militares oficiales. «Para jóvenes que quieran este tipo de formación y carrera, con personal militar que haya tenido formación educativa», afirmó.
