La Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor y la Comisión Pro Memoria Histórica, en compañía de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), se pronunciaron en el marco del 28 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, y pidieron al presidente de la República, Nayib Bukele, que instale una mesa de diálogo entre organizaciones, Gobierno y víctimas del conflicto armado.

Recientemente, dichas organizaciones rechazaron la persistencia de diputados de tres grupos parlamentarios a proteger victimarios aprobando una amnistía contraria a la sentencia de inconstitucionalidad.

Héctor Carrillo miembro de FESPAD, señaló algunos efectos que “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional” traería, el primero sería que de aprobarse dicha ley, no se garantiza el acceso a los archivos militares donde constan las violaciones a derechos humanos cometidos durante el conflicto armado, además que no habría garantía para el acceso a la justicia de parte de las víctimas y no existirían medidas adecuadas para la reparación de las victimas del conflicto.

Ante esto, la Mesa Contra la Impunidad solicitó a los diputados de la Asamblea Legislativa una mesa de diálogo para abordar los principales temas que debería contener una ley de reconciliación nacional y pidieron al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, que tome en cuenta a las víctimas del conflicto armado en el proyecto de Ley de Reconciliación Nacional.

Las organizaciones hicieron también un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR), a que anteponga la búsqueda de justicia para las víctimas a los intereses personales de la institución.

De igual manera, pidieron al presidente Nayib Bukele a que ordene de inmediato la localización, acceso y reconstrucción de los archivos e información sobre el conflicto armado, especialmente la que está en poder de la Fuerza Armada, a fin de dar soporte a las investigaciones judiciales o administrativas correspondientes.

Por otro lado, demandaron al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, a que asuma su mandato constitucional y verifique el proceso legislativo que se lleva a cabo, atendiendo los criterios jurisprudenciales de la procuraduría, los parámetros dictados por la Sala de lo Constitucional y los estándares internacionales sobre justicia transicional.

Finalmente, hicieron un llamado especial a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático acreditado en el país y a la cooperación internacional, quienes jugaron un papel decisivo en la solución política y negociada del conflicto armado y en la post guerra, a que continúe acompañando los esfuerzos de justicia, paz y democracia en El Salvador.

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