La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) con apoyo de la organización Friedrich Ebert Stiftung presentaron una serie de recomendaciones para las actuales normativas hacia las zonas francas.
La finalidad del estudio es establecer las bases técnicas para reformar dos marcos legales: la Ley de Zonas Francas Industriales y la Ley de Servicios Internacionales. Los planteamientos sugieren eliminar los beneficios fiscales y fortalecer las sanciones. Al mismo tiempo, propone un rol más protagónico del Estado en la supervisión de estas empresas.
Según el Investigador de Transparencia y Anticorrupción de ISD, Ismael Turcios, uno de los hallazgos más importantes de la investigación es que los únicos incentivos que el Ministerio de Hacienda puede cuantificar son los relativos a la importación de materias primas a través de la Dirección General de Aduanas
Pese a esto, ninguna otra institución pública puede calcular el consto del no pago de impuestos. Por ello, el Estado desconoce si los beneficios que otorga a las empresas compensan la pérdida de ingresos por el no pago de impuestos.
Cabe mencionar que la última reforma a la Ley de Zona Franca se efectuó en 2013. Por esa ley El Salvador se posiciona como uno de los países centroamericanos con rasgos perjudiciales para las finanzas públicas.
