El Gobierno de la República informó que ampliará a cuatro municipios más, el «Plan Control Territorial», el cual está vigente desde el jueves anterior en 12 municipios del país que más presencia delincuencial reportan, según lo confirmó el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

En las últimas horas, Nayib Bukele manifestó que 500 policías y 500 elementos de la Fuerza Armada serán incluidos a las labores de Control, y que el Plan se extenderá a las cabeceras departamentales de Ahuachapán, Sonsonate, Usulután y La Unión.

Con estos cuatro municipios que fueron sumados al plan de control de territorios, la suma de ciudades a rescatar asciende a 16. Asimismo, el mandatario aseguró que el Plan fue extendido por 30 días más.

El Plan del Gobierno inició el pasado jueves a las 00:00 horas, y desde entonces, las autoridades policiales han reportado la captura de más de 1,500 sospechosos de haber cometido diferentes delitos.

El despliegue policial y militar, en su primera fase, inició en San Salvador, San Martín, Soyapango, Ciudad Delgado, Apopa, San Marcos, Santa Tecla, Colón, Santa Ana y San Miguel.

De igual manera, la estrategia del Plan Control Territorial, incluye el traslado de reos de alta peligrosidad desde los principales centros penitenciarios del país, con el objetivo que dejen de ordenar delitos desde el interior de las cárceles.

En los últimos días, Centros Penales trasladó a 1,624 reos a penales de máxima seguridad como parte del plan, dijo ayer por Twitter Rogelio Rivas, ministro de Justicia y Seguridad. El último movimiento de reclusos fue reportado el sábado anterior.

«La represión es un eje fundamental para el gobierno del presidente Nayib Bukele, por ello hemos decretado estado de emergencia en todos los Centros Penales y realizado el traslado de 1,624 reos de alta peligrosidad, con esto evitaremos extorsiones y órdenes de homicidios», señaló Rivas.

Por otro lado, el gabinete de Seguridad del Gobierno y la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), exigieron este viernes a las empresas telefónicas a que cumplan con el bloqueo de la señal en los centros penales.

“Le hemos pedido a las empresas telefónicas de manera contundente que en 72 horas no debe existir ninguna señal, tanto de datos como de llamadas desde los centros penales”, aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas.

Durante el encuentro con ejecutivos de Claro, Tigo, Telefónica y Digicel, los funcionarios fueron enfáticos en que desde los centros penales han continuado saliendo órdenes para cometer extorsiones y otros ilícitos, por lo que es imperativo que las empresas acaten las disposiciones.

“Las empresas nos dieron el informe que en los centros penitenciarios hay señal y los privados de libertad pueden realizar llamadas”, añadió el ministro.

El funcionario detalló que acordaron que habrá una mesa permanente para garantizar que esa prohibición se siga cumpliendo.


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