La doctora Raffaela Schiavon es una especialista en salud sexual y reproductiva. Por varios años, dirigió IPAS, una organización internacional, con sede en México, dedicada a eliminar las muertes y discapacidades evitables atribuibles al aborto inseguro.
Desde que se aprobó hace una década la despenalización del aborto en México, el Estado se encarga de brindar este servicio en el sistema de salud público.
Schiavon visitó El Salvador, invitada por organizaciones feministas que promueven la despenalización del aborto en cuatro causales: cuando la vida o salud de la madre está en riesgo, cuando el embarazo sea producto de estupro, cuando sea inviable la vida extrauterina del feto y cuando el embarazo sea producto de una violación o de trata.
Ella expresa que a pesar de que hay países que tienen legislaciones completamente restrictivas contra el aborto, como el caso de El Salvador, eso no implica que no se realicen interrupciones de embarazo, siempre en la clandestinidad.
“El aborto es un negocio privado donde la gente hace dinero, más cuando es clandestino. Sabemos muy bien que la criminalización y el riesgo que conlleva un aborto inseguro no es parejo para todas las mujeres. Les pega más a las mujeres más pobres, jóvenes, con menos recursos económicos”, expresa.
¿Cómo ve el panorama sobre derechos reproductivos y la legislación del aborto en Latinoamérica?
En la región hay avances significativos en los últimos años. Menciono en especial algunas instancias que, en el marco de derecho, han permitido efectiva la elección: en Uruguay, en la Ciudad de México y jurisprudencia regional y la sentencia constitucional de Colombia, Argentina; las recomendaciones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Todo el marco legal, jurisprudencial y médico, considero que se han hecho avances importantes. Sin embargo, América Latina sigue siendo una de las regiones del mundo con más países que tienen una legislación totalmente restrictiva sobre el aborto. Con tasas de aborto inseguro más altas del mundo y con tasas de embarazos de adolescentes más altas del mundo. Son retos de salud pública y derecho que hay que resolver juntos.
¿Cómo anda la tasa de aborto inseguro en América Latina?
Es alrededor del 33%, de las más altas. En África es el 29 % y mucho más bajas e inexistentes en la región europea; en Europa del Este hay más elevadas. En embarazo de adolescentes, Ecuador tiene las tasas más altas, con un porcentaje muy alto: Uno de cada tres se da en poblaciones menores de 19 años.
¿A qué cree que se debe?
Hay dos enfoques, tema de información, educación sexual y temas anticonceptivos; y el otro, el tema de la violencia, sobre todo en menores entre diez y 14 años. Es un grupo de edad donde antes no se tenía mucha información, no registraban estadísticas de embarazos, las encuestas demográficas DHS, de salud, no buscaban información en este grupo de edad por razones ideológicas. No se les hacía correcto. Siempre fue un dato clandestino, poco oficial. Las encuestas decían que había embarazos pero no representaban porcentajes significativos.
En los últimos años se ha hecho un esfuerzo para investigar la fecundidad en este grupo de edad. En El Salvador, el Fondo de Población Para las Naciones Unidas (UNFPA) acaba de presentar un reporte sobre este tema. En México, se han hecho estrategias de sobre este tema, liderada por la presidencia para reducir embarazos en adolescentes. Una estrategia que se llama ENAPE: Estrategia Nacional para Prevención de Embarazos en Adolescentes para enfocar el embarazo de manera multidisciplinaria y multisectorial.
No solo es un problema de salud, tiene su responsabilidad por no abrir servicios amigables o estrategias amigables de atención para que se llegue a la población de adolescentes para brindarle todos los métodos anticonceptivos, incluyendo las pastillas de emergencia sin discriminación o estigma.
Pero desde antes hay que brindar educación sexual en las escuelas, en todos los lugares donde se pueda dar, desde los hogares y mucho que hacer en temas de violencia, de prevención, detección y tratamiento de violencia. Un embarazo en una niña de 10, 11 y 12 es, sin lugar a duda, una expresión de violencia, incesto, estupro.
Desde el punto de vista legal, el Estado protege a las menores asumiendo que no tienen la capacidad de dar un consentimiento legal a una relación en edades tempranas. Es decir, la forma del Estado que tiene para proteger, la entendemos muy mal como que no tienen ellas el derecho de ejercer la sexualidad pero el Estado dice que cualquier persona que tenga relaciones y que se amplíe las diferencias de edad, no puede asumir que la niña estaba enamorada de él, que la niña pidió tener relaciones o consintió tener relaciones.
Esta es una legislación que se expresa en prohibición de matrimonio con menores, es un tema prioritario en la región y en El Salvador.
¿Está de acuerdo con esta concepción?
Por supuesto, es importante distinguir la expresión de sexualidad adolescente de la violación de los derechos o aprovechar cualquier desbalance de poder, ya sea por edad, autoridad, lazos familiares. Los que ejercen violencia a esas niñas no son los extraños de la calle, son los familiares, maestros, a veces curas. Personas que tienen la confianza de la niña o de las familias, que aprovechan para ejercer violencia sexual.
La violencia sexual es una de la más vil que existe, más íntimas, con impactos en la salud física y psíquica, emocional de las personas y más si estas son niñas menores de edad. En este marco se da esta iniciativa de debate para modificar el artículo 133 del Código Penal. El actual artículo 133 criminaliza el aborto bajo cualquier circunstancia. Aún en caso de violación, riesgo de vida de la mujer, salud, malformaciones del producto. Contados países del mundo está criminalizada la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.
La iniciativa actual pretende modificar el artículo y quiere discriminar la interrupción del embarazo en estas circunstancias antes mencionadas, violación de mujeres y niñas en trata de personas, estupro, incesto, etc.
¿Estas excepcionalidades son las que existen en México?
La legislación federal es competencia del Código Penal de cada estado. En la Ciudad de México, se despenalizó el aborto hace diez años, se despenalizó al aborto hasta las 12 semanas sin causales. La mujer lo puede solicitar sin aducir ninguna explicación o razón. Después de las 12 semanas, aplica el sistema de causales, son las mismas en el sistema del país, no todos los estados tienen las mismas causales. Esta la causa económica, en los estados de Yucatán y Michoacán. En todos los estados está permitido el aborto por violación.
¿Cuál es el rol del sistema de salud público en México para proporcionar un aborto a mujeres o niñas? ¿Tiene una función principal el sector público o el sector privado también tiene permiso?
El aborto es un negocio privado donde la gente hace dinero, más cuando es clandestino. Sabemos muy bien que la criminalización y el riesgo que conlleva un aborto inseguro no es parejo para todas las mujeres. Les pega más a las mujeres más pobres, jóvenes, con menos recursos económicos.
En México, el cambio de la ley coincidió con la implementación de servicios de interrupción legal del embarazo. El sector público es la estructura que más interrupciones legales lleva a cabo, esto permite que servicios privados ofrezcan este tipo de intervención como lo hacen con los demás servicios.
En Ciudad de México, la instancia que ha implementado los servicios gratuitos, legales y seguros, ofrecidos a todas las mujeres del país, de hecho una tercera parte de las intervenciones se han ofrecido a mujeres de otros estados de la República y de otros países del continente. Son servicios gratuitos y seguros.
Despenalizar el aborto permite que el personal de salud se capacite con un procedimiento que en este momento no se enseña en las escuelas de salud y enfermería por ser clandestino. Entonces, las enfermeras y doctores, sin saber la tecnología y herramientas para practicar el aborto, y sacarlo permiten capacitar al sector.
Un segundo beneficio es tener números oficiales sobre los procedimientos. En nuestros países solo hay estimaciones, no hay cifras duras. En El Salvador, tampoco tenemos el porcentaje de mujeres que recurren a una intervención, en qué condiciones lo hacen, etc.
En la Ciudad de México, sabemos de dónde vienen, es anónimo, pero el concretado estadístico nos da una idea de cuantas mujeres son atendidas.
¿Cuál es el promedio que existe a nivel nacional?
Lo que podemos saber es en el resto del país es cuántas hospitalizaciones hay. En este tiempo se han registrado 16 mil y 20 mil interrupciones legales por año. Hubo un aumento bastante rápido los primeros años y a partir del 2012 se ha estabilizado.
Con la legalización del aborto, ¿hay disminución en la tasa de mortalidad materna?
Sí, pero no inmediata. Desde 2012 y 2013 hubo una letalidad sobre el aborto. La letalidad expresa el número de muertes sobre 100 mil procedimientos. Me dicen qué tan seguro se vuelve el procedimiento. Ha disminuido de manera significativa en la Ciudad de México, pero no en el resto del país.
Es un procedimiento de salud pública y no debe estar en el Código Penal. Es una estrategia de salud pública y el Estado debe garantizar que se realice en condiciones seguras, por personal capacitado y certificado. La solución no es la criminalización o prohibición legal, no es efectiva. Donde hay leyes que criminalizan, no se reducen los abortos, solo se realizan de manera insegura y aumentan las muertes por complicaciones.
Para reducir los números de abortos se debe promover más la educación sexual, uso de acceso a métodos anticonceptivos eficientes, efectivos y de larga duración.
¿Cuál cree que es la barrera principal para reducir las tasas de embarazo en menores? ¿Considera que más allá de los recursos económicos; lo ideológico y religioso es una berrera en la región?
Siempre ha sido una barrera mal entendida. Desde el punto ético y moral, no debería haber ninguna barrera hacia el ejercicio del derecho a la autonomía reproductiva y salud de las mujeres. Creo que en un mundo donde estamos y para garantizar los derechos humanos necesitamos información, educación y visión laica del derecho que garantice a todos pero no obligue a nadie.
Ciertas concepciones religiosas que pretende dictar, gobernar a las personas en la cama. Alguien dijo que era pretender gobernar la vida íntima de las personas en la cama. No creo que esta sea la enseñanza real de ninguna religión.
Pero hago una segunda reflexión. Aún dentro de la población con diferentes creencias religiosas católicas o evangélicas, hay una gran mayoría que usa métodos anticonceptivos, que decide sobre su vida conyugal de acuerdo a sus necesidades. Se casan, se divorcian, se vuelven a unir, etc. Lo que antes era el monopolio de la cama que ejercía la religión, ya no es vigente y lo sabemos.
Esas personas que deciden sobre su vida, número de hijos, cuándo, etc., no solo opera la educación religiosa, opera la educación y punto. Aún en población que se declara católica y evangélica más clara es la conducta y libre decisión sobre esas conductas.
¿Cómo logró México avanzar en la legislación y despenalizar el aborto?
En la ciudad de México, se eliminó la pena por completo y se permite interrumpir pero a edad temprana del embarazo. No se permite avanzado el embarazo. El imaginario colectivo debe tener claro de qué estamos hablando. Solo se permite hasta las 12 semanas, un producto en etapa de formación.
En El Salvador, solo se busca eliminar la pena para un contexto muy específico y restringido. Pero en México, se logró y la jerarquía católica se abrió a un debate público con todas las posturas. Inmediatamente después de la aprobación de la ley, hubo un recurso de inconstitucionalidad y la Corte Suprema abrió al debate si esa ley era constitucional o no.
Se abrió un debate muy democrático e interesante que vale la pena tomar como ejemplo de ciertos procesos. Permitió las argumentaciones de ambos lados. Se aportaron argumentos éticos, médicos científicos, religiosos, legales, etc. Finalmente la corte voto ratificando la constitucionalidad de la ley.
En este ámbito es muy importante que el debate se abra, que se hagan espacios, que las personas puedan oír las argumentaciones de posturas ideológicas. Al final hay que decidir en conciencia. La ley no obliga a nadie, solo permite que cuando la persona tome una decisión lo haga en condiciones seguras. Si una mujer católica, una pareja evangélica considera que aun cuando la ley lo permita para ellos es algo éticamente inaceptable, no lo harán.
A veces pienso en las jerarquías religiosas de controlar las leyes, hay un miedo a que la feligresía sin una ley externa ya no obedezca a la ley interna de la iglesia. Eso es lo que hay detrás, esa es una discusión que vale la pena poner en la mesa.
Si las personas con creencias religiosas consideran que no van a realizar un procedimiento de este tipo, que para ellos ese embrión de tres u ocho semanas es una persona humana no se realizará un aborto. Si una mujer cree que aun cuando su vida está en peligro ella opte por arriesgar su vida o salud para garantizar el embarazo es su decisión. El Estado y la ley solo deben garantizar que reciba los cuidados necesarios. La Ley debe ser válida para todos, no solo para los sectores de población de ciertas creencias.
Antes de que despenalizará el aborto en México, ¿las personas de clase media y alta iba a otros países a practicarlo?
Si era común en ciudades de la franja fronterizas donde las mujeres con capacidad económica iban a Estados Unidos, también los servicios y prestadores privados que brindaran este tipo de servicios. Creo que la despenalización permite una democratización de este acceso a los derechos.
En este debate sobre la despenalización surge un argumento que es muy frecuente en sectores conservadores el de que es tan traumatizante para una mujer o niña cometer un aborto aun cuando este ha sido producto de una violación
Es un argumento común. Estos son originados en Estados Unidos por grupos que generan argumentaciones como seudo ciencias o evidencias científicas para justificar este tipo de discursos. En este caso, hablamos de aborto y salud mental. Y los que se denominan próvidas lo definen como síndrome post traumático o post aborto. El síndrome postraumático se conoció en los veteranos de guerra de Vietnam que regresaron con consecuencias en la salud mental irreversible.
También una corriente que desde la época del presidente Reagan pretendió generar evidencia científica de que la decisión de interrumpir un embarazo generaba consecuencias permanentes en la salud mental de las mujeres. Que nunca se lo iban a perdonar, con episodios de depresión e incluso suicidios.
El síndrome más leve que he odio en México es que nunca más en la vida iban a poder ir a un baby shower. No quiero banalizar la discusión, pero todos los estudios científicos de corte demuestran que si hay impactos en la salud esto se debe en dos situaciones.
Uno, las condiciones en las que se dio el embarazo. Evidentemente todo lo que implica o recuerda o tiene que ver con el embarazo genera trauma psíquico pero no es el aborto, es la violación. Dos, el aborto clandestino en un medio familiar o social que estigmatiza o culpa a la mujer, puede generar estrés adicional a la toma de decisiones.
El aborto realizado en condiciones legales y seguras no es un factor que genere problemas de salud mental, trauma o depresión en las mujeres. No queremos decir que no es una decisión importante. Es una decisión que se toma con madurez, juicio moral. Ninguna mujer se embaraza para abortar, siempre tiene un juicio moral, razonamiento ético, económico y familiar detrás de esas decisiones.
La despenalización del aborto en México nos ha permitido estudiar este fenómeno en un contexto latinoamericano. Hemos visto estudios realizados con mujeres que deciden interrumpir el embarazo si hay un trauma, si hay un antecedente de violencia sexual es un dato de riesgo y si la mujer ha vivido un aborto clandestino, peligroso, escondido de la pareja o familia, eso puede generar un trauma pero no la interrupción de un embarazo como tal.
Estos traumas se reflejan en mujeres que siguen con un embarazo. La historia social y económica de las mujeres que abortan versus las que continúan con estas condiciones, nos dice que las que interrumpen están más privilegiadas de alguna forma. El porcentaje de mujeres que siguen estudiando, consiguen un trabajo, que forman una familia, se concentra más en el grupo de las jóvenes que interrumpen un embarazo que aquel grupo de mujeres que a pesar de ser un embarazo no deseado continúan con él.
