Sala suspende reformas a la Ley de Extinción de Dominio

La Sala de lo Constitucional suspendió las reformas a la Ley de Extinción de Dominio que aprobó la Asamblea Legislativa hace unas semanas.

La suspensión se da como medida cautelar en respuesta a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el abogado Mario Pérez Bennett en contra de varios artículos de la ley. Cabe destacar que este recurso se había presentado en 2016 y las reformas fueron aprobadas el 18 de julio de este año.

“La Sala señala que, aunque el proceso de inconstitucionalidad está pendiente de ser sentenciado, las reformas recién aprobadas alteran el análisis de inconstitucionalidad en el sentido que en muchos casos establecen regulaciones opuestas a las que se encontraban vigentes en el momento de la presentación de la demanda”, señala el comunicado de la Sala.

La Sala de lo Constitucional detalla en que el recurso presentado se encuentra en la etapa de emitir la sentencia, aclarando que algunas disposiciones de estas han sido admitidas y otras han sido declaradas improcedentes.

Entre los argumentos del demandante se encuentra que el artículo 28 de esta normativa vulnera el principio de seguridad jurídica porque los casos se pueden reabrir si aparecen nuevos indicios  que desvirtúen la razón por la que se ordenó archivar el caso.

En el documento la Sala señala que las reformas de la Asamblea debilitaban la ley o anulaban las herramientas legales de las que puede disponer la Fiscalía General de la República y los tribunales para combatir el crimen organizado y la corrupción.

Las modificaciones realizadas por los diputados incluían la prescripción del delito, es decir, que el patrimonio obtenido de manera ilícita no podrían ser incautado por el Estado a los funcionarios o exfuncionarios públicos después de diez años de haberlos obtenidos. En el caso de las personas condenadas bajo la modalidad de crimen organizado, maras o asociaciones y organizaciones criminales, la prescripción sería hasta los 30 años.

Asimismo, se modificó el artículo 9, en donde se le daba un plazo de 12 meses a la Fiscalía cuando había prearchivado un caso. Sí después de este tiempo el Ministerio Público no encontraba más pruebas, el caso se cerraba definitivamente.