Este martes en el espacio de Encuentro con Julio Villagrán, el economista, José Luis Magaña, informó sobre la entrega de más de 58 mil firmas que fueron entregadas a la Corte Suprema de Justicia, solicitando la inconstitucionalidad de la Ley General de Minería Metálica, aprobada el pasado 23 de diciembre de 2024, en el que aseguran se vulnero la Constitución de la República al detectar una serie de vacíos.
“Se está poniendo a prueba la independencia judicial, esta demanda de inconstitucionalidad se plantea con elementos como vicios de forma, que no se cumplieron los procesos de debate parlamentario para aprobar la ley, fueron 98 minutos de discusión este tiempo es la sumatoria de la discusión en la comisión y sesión plenaria, no se dieron las condiciones, por que la ley de prohibición de la minería tardó 20 años en investigación científica y trabajo con las comunidades… La ley que se ha aprobado pone en riesgo el derecho a un ambiente sano amparado en la Constitución de la República que la Ley de Minería vulnera” explica el economista.
Magaña, destacó que haber derogado la Ley de Prohibición de Minería y haber aprobado la nueva ley, va en contra de los tratados internacionales que tienen que ver con el uso de desechos tóxicos, poniendo en riesgo la salud de los pobladores en el territorio.
También explica que los proyectos no necesitan pasar concesiones por la Asamblea Legislativa, cuando todo tipo de concesión debe pasar por el pleno Legislativo, esto contradice lo que dice la constitución.
“Estos elementos se plantea que la ley que se ha aprobado es inconstitucional y se pide declarar como medida cautelar que no se lleven a cabo proyectos mineros mientras exista este proceso en la corte y no haya una resolución, esta iniciativa está respaldada por 59,906 firmas que fueron presentadas a la corte y fueron recolectadas por la sociedad civil, iglesias históricas y juventudes ambientalistas… La manifestación que acompañó tenía expresión comunitaria por que las firmas fueron conseguidas en las comunidades donde no se consultó para derogar la ley y aprobar esta nueva ley, estos lugares serán afectados directamente de ejecutarse los proyectos mineros” señaló Magaña
Sobre las intenciones de desarrollar la minería en El Salvador, el economista, detalló que en el departamento de Cabañas existe una empresa minera a través de dos subsidiarias ha comprado gran parte del proyecto minero que anteriormente intentaba desarrollar Pacific Rim y también en La Unión se ha estado militarizando la zona donde se encontraban las minas cercanas al río San Sebastián.
“Geográficamente hay dos puntos que se están moviendo, una empresa minera Titans Resort, a través de dos subsidiarias ha comprado buena parte del territorio de Pacific Rim, estas dos empresas son Nueva Esperanza y Agrícola San José, una fue fundada por un estadounidense que es representante de Titans Resort para Centroamérica, eso ha ido avanzando en Cabañas… En La Unión donde estaban las ex minas de San Sebastián existe movilidad militar y se ha creado un cerco militar alrededor, al parecer se ha retirado los barriles de cianuro que se estaban deteriorando, ya existía una orden judicial para retirarlo y se había destinado al MARN para su retiro, pero no se había ejecutado” destacó José Luis Magaña.
