Los precandidatos de derecha desestimaron las denuncias de la CIDH.
El conflicto que estalló en Jujuy, una provincia del norte argentino, desembocó en una grave jornada de violencia institucional que ya impactó de lleno en la política nacional y en las precampañas presidenciales.
La crisis marcó el tono rumbo a las elecciones que se realizarán el próximo 22 de octubre, ya que los precandidatos de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, que estaban sumidos en una fuerte pelea interna por las candidaturas, mostraron una señal de unidad y cerraron filas en favor del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
En una conferencia de prensa conjunta realizada en Buenos Aires, los principales dirigentes de esta alianza, encabezados por los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, defendieron la represión y reforzaron sus discursos a favor del «orden», «las instituciones» y contra «el populismo».
También confiaron en que ganarán los comicios, y anticiparon que, ya en la oposición, el peronismo y el kirchnerismo harán todo lo posible por provocar jornadas violentas como la que se vivió el martes en Jujuy.
En ningún momento reconocieron los abusos cometidos por las fuerzas de Seguridad al mando de Morales, ni las irregularidades que rodearon el proceso de la reforma constitucional provincial, que fue lo que provocó la crisis política.
Mientras la oposición se abroqueló, el oficialismo peronista se mantuvo dividido.
El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezaron las reacciones, pero por separado y solamente a través de redes sociales, con mensajes en los que respondieron a las acusaciones de Morales y le señalaron que él es el único responsable del conflicto.
Tanto ellos como el resto de los dirigentes peronistas advirtieron que la represión será uno de los principales sellos de la derecha si gana las presidenciales.
Saldo
El martes, la Legislatura de Jujuy proclamó una reforma constitucional que se elaboró solamente durante un mes, por lo que no fue debatida ni consensuada con organizaciones sociales y que, entre otros aspectos controvertidos, afecta la propiedad y explotación de los pueblos indígenas sobre sus tierras y el derecho a la protesta social que está consagrado en la Constitución nacional.
Desde temprano, múltiples colectivos convocaron a protestar. La reacción de las fuerzas de Seguridad provinciales fue una dura represión con gases lacrimógenos, balas de goma, golpizas y detenciones arbitrarias. De acuerdo con denuncias de los manifestantes, también dispararon balas de plomo.
Las imágenes mostraron, además, a grupos encapuchados que voltearon y quemaron autos para usarlos como barricadas, que trataron de quemar la Legislatura y que se trenzaron en enfrentamientos con los policías.
La tensión fue en aumento conforme pasaron las horas, ya que el gobernador no se hizo cargo de la crisis y denunció que el presidente y la vicepresidenta habían enviado a militantes para «sembrar la violencia y el caos», lo que fue negado por Fernández y Fernández de Kirchner.
El saldo fue de 170 heridos, algunos de ellos de gravedad, y 68 detenidos. En algunos casos, se trató de personas a las que policías vestidos de civil las fueron a buscar en autos, sin ningún tipo de identificación y sin órdenes de aprehensión.
Los dirigentes de la conservadora Juntos por el Cambio denunciaron una conspiración para «incendiar» la provincia y en la que, según ellos, participaron el peronismo y el kirchnerismo, en especial miembros de la agrupación La Cámpora, en alianza con Milagro Sala (una importante dirigente social de Jujuy a la que el gobernador logró meter presa), partidos de izquierda e incluso simpatizantes del expresidente de Bolivia Evo Morales, ya que ese país es limítrofe con Jujuy.
Repudios
A lo largo del martes, se replicaron los cuestionamientos por la represión de Jujuy por parte de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras.
in embargo, los dirigentes de Juntos por el Cambio, que supuestamente tienen en la defensa de las instituciones una de sus principales banderas, rechazaron cualquier tipo de crítica.
«No pensamos que lo que diga la CIDH tiene alguna importancia en este momento«, advirtió la precandidata presidencial Patricia Bullrich, una de las principales defensoras de las políticas de «mano dura».
La exministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri insistió en que la CIDH quiere intervenir en un tema que desconoce porque no ha ido a la provincia.
«Hemos tenido casos sobre pronunciamiento de la CIDH pensada desde una mirada parcial y con prejuicios al tomar decisiones (…), me parece que tiene la cancha inclinada», acusó.
Horacio Rodríguez Larreta, su principal contrincante en la búsqueda de la candidatura presidencial, decidió respaldar las críticas al organismo.
«Es una total y absoluta injerencia, una falta de responsabilidad, la CIDH se pronunció sin siquiera informarse«, afirmó.
Más allá del intercambio de acusaciones, la tensión se mantiene. El gobernador decidió declarar feriado este miércoles porque sindicatos y organizaciones sociales confirmaron que realizarán dos jornadas de paro total y continuarán con protestas en las calles y cierre de calles y carreteras.
En Buenos Aires, en tanto, habrá una marcha para exigir la libertad de los detenidos, repudiar la represión y la criminalización de los reclamos y defender el derecho a la protesta.
Luis Urtubey, miembro de la asamblea permanente de Jujuy por los Derechos Humanos, opina que el gobernador no busca el diálogo. Urtubey critica que la reforma de la Constitución regional se hiciera en menos de un mes y que, ante los reclamos, el Ejecutivo local actúe con represión.
