En el marco de las operaciones, las autoridades destruyeron evidencia incautada en cinco centros penales, donde había fusiles, escopetas, proyectiles y granadas, valuados en más de 8 millones de dólares.
Las autoridades de Honduras trasladaron a 1.628 presos considerados de alta peligrosidad a dos cárceles de máxima seguridad. El operativo forma parte del programa ‘Fe y Esperanza’, impulsado por la presidenta Xiomara Castro, con el que se busca requisar los 25 centros penitenciarios del país, según informan las Fuerzas Armadas de Honduras.
Entre los reos reubicados, hay 802 movilizados al centro de detención La Tolva y 826 a la prisión conocida como El Pozo. Las actividades iniciaron en horas de la madrugada con la presencia y supervisión de altos mandos de las FF.AA., con ayuda de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
«La Policía Militar de Honduras desarrolla este día el traslado de privados de libertad. Sin descanso, desmontando las escuelas del crimen organizado y retomando el control y la seguridad de los centros penales», aseguró el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional de Honduras, José Manuel Zelaya.
Por otro lado, en el marco de las operaciones, las autoridades hondureñas también presentaron y destruyeron evidencia incautada en cinco centros penales este lunes, donde había fusiles, escopetas, proyectiles, granadas, entre otros. Los objetos decomisados fueron valuados en más de 200 millones de lempiras (más de 8 millones de dólares).
Guerra frontal contra las pandillas en Honduras
Desde el pasado 26 de junio, se dio inicio al programa ‘Fe y Esperanza’, en Honduras, después de que 41 personas fueran asesinadas en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas).
Esta situación llevó al Gobierno hondureño a fortalecer la seguridad dentro de las cárceles del país, donde se han incautado un sinnúmero de armas, dinero, drogas y equipos de comunicación.
Muchos de los crímenes se han atribuido a las maras y se considera que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, está librando una guerra contra las pandillas al ‘estilo Bukele’, endureciendo medidas de seguridad, imponiendo toques de queda y realizando capturas a miembros de pandillas.
Por otro lado, desde el Gobierno se planea la construcción de una cárcel de máxima seguridad, con capacidad para unos 1.000 o 2.000 presos, en la Isla del Cisne, ubicada en un archipiélago hondureño en el mar Caribe. El proyecto podría costar unos 80 millones de dólares, tres veces más de lo que costaría una carcel en tierra, según expertos consultados por El Heraldo.
