En 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica. Una ley aprobada por amplia mayoría vetó las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo.

Pero para llegar a este estadio, el movimiento de oposición a la minería planteado desde las comunidades del país y encabezado por mujeres, ha tenido que hacer frente a amenazas, intimidaciones y asesinatos de los líderes ambientales por parte de la empresa extractiva canadiense Pacific Rim.

Vidalina Morales no cambia por nada del mundo la casa de adobe que construyó con sus propias manos y con mucho esfuerzo en la comunidad de Santa Marta. Ese es su lugar, por eso ha defendido tanto el territorio de su país contra la explotación minera, y por eso luchó incansablemente hasta que El Salvador prohibió la minería metálica.

Esta lideresa nata se enfrentó a empresas mineras internacionales, pero también a quienes entre su gente confiaban en que la explotación minera traería puestos de trabajo, mejoras en la infraestructura del país y demás beneficios para la población. «Fueron doce años de lucha continua hasta alcanzar esta ley”, sostiene.

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La Ley de Prohibición de la Minería Metálica, fue aprobada en 2017 por la Asamblea Legislativa.

Organizaciones integrantes de la Alianza Centroamericana contra la minería como ADES, ARPAS, Cripdes, CCR y UNES manifestaron su preocupación ante una correlación en la Asamblea Legislativa con interés en derogar o flexibilizar la Ley contra la Minería Metálica, aprobada en 2017.

Vidalina Morales, de la Asociación para el Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES)-ubicada en Cabañas-, explicó que desde que Oceana Gold compró el proyecto minero a la canadiense Pacific Rim, advirtió que se mantendrían presentes en la zona hasta que les permitieran extraer oro. Y así ha sido, pese a que la empresa perdió una demanda que interpuso contra el Estado, ante un tribunal internacional, y que sus operaciones de explotación minera están prohibidas.

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Vidalina Morales en su lucha contra la minería metálica.

Bernardo Belloso, de Cripdes, expresó que a pesar que la aprobación de la ley sentó un precedente en Latinoamérica, no existe aún un reglamento que explique y ejecute los mecanismos contenidos en dicho instrumento; por ejemplo el apoyo a los mineros artesanales (güiriseros) para cambiar de actividad productiva.

Junto a Belloso, otros líderes y lideresas de organizaciones y de comunidades manifestaron sus reservas, sobre todo porque uno de los precandidatos presidenciales del partido mayoritario de derechas tiene vínculos con empresarios y magnates beneficiados con la minería metálica, como Frank Giustra, accionista de Pacific Rim /Oceana Gold, empresa que demandó al Estado salvadoreño por no permitirle la explotación minera.

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La minería metálica, trae graves consecuencias en el ecosistema, acabando con la vida silvestre y acuática, además de afectar al ser humano.

Por su parte, Luis González, abogado y miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, señaló que en el país aún existen empresas que se podrían beneficiar de la explotación minera, como Minerales Torogoz, o la Fundación El Dorado, que buscó permear en la población de Cabañas la idea de la “Minería Responsable”; pero González es tajante al afirmar que no existe ninguna minería socialmente responsable que reponga a los ecosistemas lo que se pierde con la actividad extractiva.

Los ambientalistas también expresaron que el tema debería abordarse a manera regional, pues importantes ríos como el Lempa, del que depende casi todo el territorio, son transfronterizos y en pueden verse contaminados con minería en Guatemala u Honduras.

La lideresa Vidalina Morales, considera que actualmente hay más conciencia sobre los graves impactos que traería la minería al país, a diferencia del año 2007, cuando se emprendió una fuerte campaña publicitaria a favor de la extracción de oro. No obstante, insta a no dejarse confundir por los mensajes sobre la supuesta “minería verde”.

El Salvador aún no se recupera de la grave contaminación causada por la minería, afirman organizaciones ambientalistas. Uno de los ejemplos más claros es el del Río San Sebastián, en La Unión, donde el Ministerio de Medio Ambiente encontró cianuro, hierro y otras sustancias, utilizadas en la actividad minera de la empresa multinacional Comerce Group. La empresa abandonó el proyecto y las comunidades vieron morir a su río, a causa de la contaminación.

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Antes de la aprobación de la Ley en 2017, los salvadoreños se manifestaron en contra la práctica de la minería metálica.

La ley ahora aprobada deja sin efecto todos los expedientes que estén en tramitación para la obtención de licencias mineras, y da un plazo de dos años a los mineros artesanales, de “pequeña escala” y “subsistencia familiar” para “reconvertir” sus actividades a otras con el apoyo estatal, y desde ya les prohíbe la utilización de “químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros”.

La actividad minera en El Salvador estaba relativamente parada desde el 2008, cuando el presidente Elías Antonio Saca (2004-2009) estableció que no concedería nuevos permisos de extracción minera si no se realizaba un diagnóstico sobre el impacto en el medio ambiente y se promulgaba una ley que regulara al sector.

Video cortesía: Deutsche Welle (DW)

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