Las largas y exigentes jornadas de trabajo, esfuerzo físico, estrés y tensión a las que se exponen los vigilantes privados los convierten en una potencial amenaza para los que les rodean y para sí mismos, tal y como lo ejemplifican los numerosos casos registrados en donde vigilantes privados se ven involucrados en hechos de violencia.

“Él era tranquilo”, comenta Alfredo Berríos, compañero de trabajo y amigo del vigilante privado Gregorio Argueta, quien mató con su escopeta de trabajo a un taxista en una gasolinera ubicada sobre la 49 avenida sur, en el año 2011. Fue una situación en donde el sinsentido reinó por un problema de dinero. La cantidad era de un dólar. La disputa se produjo por la negativa del taxista a pagar por los momentos que estuvo estacionado en el establecimiento. Argueta fue condenado a 30 años de prisión. 30 años por un dólar.

Este caso no es un hecho aislado. En el 2012 un vigilante mató en circunstancias confusas a un joven dentro del Centro Comercial ex Biblioteca Nacional; en 2013, otro vigilante mató dentro de un banco en Metrocentro a un usuario, por contestar una llamada en su teléfono; en el 2014, un agente de seguridad privada, supervisor de un grupo de vigilantes, encañonó a uno de ellos y lo violó; en el 2016 un vigilante mató a su compañera de trabajo en un banco, para robar $30,000; en 2018, el dos vigilantes se enfrentaron a escopetazos después de una disputa verbal, en el centro de San Salvador.

No obstante, la Policía Nacional Civil (PNC), ocasionalmente realiza trabajos de verificación sobre la legalidad de la labor que realizan los vigilantes de seguridad privada, aunque normalmente lo hacen en los mercados mayoritarios del país y no le dan la importancia debida a los vigilantes de complejos habitacionales o pequeñas y medianas empresas privadas.

La pregunta que surge es obligatoria: ¿qué puede funcionar de catalizador para que personas que se han capacitado para brindar seguridad, terminen involucrados en hechos violentos provocados por ellos mismos?

La psicóloga de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Karla Morán, trata de dar una explicación al fenómeno. “Las jornadas largas de trabajo a las que se someten los vigilantes los pueden afectar, debido a que cuando el cuerpo se cansa y se estresa, puede llegar a generar irritabilidad en cuanto a dirigirse a las personas”, explicó.

De acuerdo a Morán, la distorsión del sueño es otro elemento que juega un papel importante en la fórmula para que una persona no responda de manera adecuada en una situación cotidiana, mucho menos en una de alta tensión, como a las que se enfrentan estos trabajadores.

Por su parte, José López, vigilante privado con 11 años de experiencia en el rubro, conoce perfectamente los efectos de trabajar largas jornadas laborales en donde el esfuerzo físico y mental es grande. “El sueño le pone los nervios de punta a uno. Usted sabe que el sueño de día no es igual al sueño de noche”, expresa con venas rojas que tapizan sus ojos. “Hoy en día, tanto como policías, militares y la seguridad privada corremos un mismo peligro”, comentó.

La mayoría de casetas en la que los vigilantes se resguardan, se encuentran en condiciones precarias y no cumplen con las normas requeridas por la ley. Foto: Josué Parras

Según el Código de Trabajo, en su artículo 161, establece que “la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno, salvo las excepciones legales, no excederá de ocho horas diarias, ni la nocturna de siete. La jornada de trabajo que comprenda más de cuatro horas
nocturnas, será considerada nocturna para el efecto de su duración”, además estipula que: “La semana laboral diurna no excederá de cuarenta y cuatro horas ni la nocturna de treinta y nueve”.

Los vigilantes privados que trabajan en franjas laborales de 12 horas (día o noche), si trabajan 4 días a la semana (que es lo más común), terminan laborando 44 horas a la semana. Los que trabajan por 24 horas, lo hacen 96 horas por semana. Sin mencionar que no reciben paga extra por las horas nocturnas.

“Tenemos un salario mínimo que asciende a los $300. Luego del salario mínimo, tenemos descuentos de las AFP, del Seguro Social. Ya con los descuentos esos, ya nos viene líquido $270, pero al trabajo que nos ponen no es un salario que esté acorde”, dice López de su situación.

La caseta en donde José López nos da las declaraciones es pequeña, calurosa y oscura. Un clavo largo en la pared le sirve para colgar su bolsón, en donde solo lleva la ropa con la que llegó al trabajo y con la que piensa irse cuando termine su jornada. Pasa el día abriendo un portón a residentes y visitantes. Cuando toca de noche, su descanso consiste en cortas siestas sentado en una silla, siempre pendiente de los que se asoman. Cuenta que depende de la suerte si a alguien lo mandan a una colonia tranquila o peligrosa.

Y es que las exigentes jornadas laborales de 12 y 24 horas, el entorno hostil de violencia que existe en el país, y las deplorables condiciones de trabajo, trae como consecuencia que las personas que se desempeñan como vigilantes sufran deterioro en su estado físico y mental, impidiendo que cumplan con el objetivo de brindar seguridad, volviéndose una amenaza potencial para las demás personas y para ellos mismos.

Las instituciones encargadas de regular la actividad de las agencias de seguridad privada y de sus empleados y los mecanismos que dichas instituciones implementan, son los filtros necesarios para garantizar la idoneidad del perfil que debe cumplir un vigilante para el trabajo, lo que en consecuencia previene eventos violentos como los casos antes expuestos.

Antes de iniciar el proceso de adiestramiento, los vigilantes están obligados por ley a someterse a pruebas técnicas y psicológicas que certifiquen su competencia para cumplir con el trabajo.

Luis Polanco, jefe de la Sección de Servicios Privados de la ANSP, lleva más de 20 años siendo la cabeza de las capacitaciones que reciben los aspirantes a vigilantes. Explica que dentro de estas se imparte la materia de Salud Mental que pretende mostrar técnicas para manejar el estrés y la importancia de la salud mental.

“Damos técnicas de alimentación sana, deporte y control de la ira. Todo esto se enseña a través de conceptos teóricos y una práctica de catarsis”, dice Polanco, quien enfatizó que esta asignatura es especialmente para prevenir accidentes en el entorno del agente.

De acuerdo con datos proporcionados por la ANSP, lugar al que los aspirantes a vigilantes deben abocarse para cumplir con los cursos y pruebas requeridas, se atienden un promedio de 1600 personas por año. Desde 1997 hasta el 2018 , se han impartido 983 cursos, con un total de 45,061 personas graduadas para ejercer labores de vigilante, entre ellos se contabilizan 2,300 mujeres (5%) y 42, 761
hombres (95%). El promedio de edad oscila entre los 18 a los 55 años.

Entre los requisitos que se les exige a los aspirantes para lograr examinarse está tener un nivel de estudio mínimo de 6° grado, que no tengan antecedentes penales y haber aprobado posteriormente una prueba psicotécnica.

Según la psicóloga Morán, se aplica un test de personalidad para identificar las tendencias violentas. Esta prueba es la que refleja cualquier tipo de agresividad en la persona. También se hace un test proyectivo, parecido al de personalidad, pero más enfocado en descartar cualquier tipo de patología seria o cualquier trastorno, para demostrar que la persona es coherente y que no tiene ningún tipo de enfermedad mental que lo pueda llevar a generar violencia.

“Esta prueba muestra que la persona sea coherente, seria, y los motivos que lo podría llevar a una psicosis que posteriormente genere violencia. Sabemos que la condición de trabajo genera estrés y cansancio, por lo que influye de forma radical el nivel de salud mental y la aplicación de la inteligencia emocional”, expresó.

Los aspirantes a vigilantes reciben una capacitación en las instalaciones de la ANSP, además de realizar pruebas psicotécnicas.

Las condiciones laborales y los abusos que sufren los vigilantes en sus derechos como trabajadores y como seres humanos no son del desconocimiento de las autoridades. Según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, desde el año 2017 hasta junio de 2018, se han registrado 48 casos de denuncias por parte de vigilantes. Entre las denuncias se encuentran adeudos de horas extra, aguinaldo, bonos, vacaciones e incumplimiento de salario.

De acuerdo con Boris González, colaborador Jurídico del Área de Apelación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), se ha creado la Ley de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, que obliga a las empresas a implementar programas de gestión para minimizar el riesgo psicosocial en los lugares de trabajo.

“Es una obligación que cada empleador tenga un programa de gestión porque contempla elementos fundamentales para prevenir el riesgo psicosocial que está en toda nuestra labor como la frustración, depresión y el manejo de la ira”, explicó González.

Marisol Ochoa, técnico de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), afirma que todas las denuncias que la institución recibe por parte de vigilantes son por despidos injustificados. Como antecedente más presente tienen el caso del despido de 116 personas por parte de la empre G4S, en el 2011.

En esa ocasión, la empresa demandó a los vigilantes por daños en su infraestructura, mientras se realizaba la protesta en la que exigían mejores prestaciones. El Estado salvadoreño falló a favor de la empresa y multó a los trabajadores con $170. No podían saldar la deuda en un solo pago, por lo que se acordó pagar cuotas de $10, mientras se encontraban desempleados. Asimismo, al ser cuestionada sobre si un trabajo que exige 12 o 24 horas seguidas de labor puede ser considerado una afrente contra los derechos humanos, la respuesta de Ochoa fue un resignado “debería”.

“Hoy en día somos muchos que podemos decir que no hay trabajo. Sí puede haber trabajo, poco, pero tal vez lo puede haber. En el campo uno trabaja, gana menos y se sacrifica más todavía. En cambio, acá se gana un poquito más, pero es más peligroso también, pero uno va viendo también la situación de cómo ir sobreviviendo, pasando la vida”, manifiesta José López, sentado junto a la caseta.

De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), El Salvador ocupa la segunda posición de los países con más desempleo en la región centroamericana, con un lento crecimiento desde el año 2015.

A raíz de esta falta de trabajo y a pesar de los bajos salarios y las tortuosas jornadas laborales, los postulantes a conseguir un empleo como vigilante privado siguen llegando en gran número a las empresas año tras año, como lo constatan las cifras; Asimismo, los vigilantes siguen apareciendo en las páginas rojas de los medios salvadoreños.


Por: Josué Parras, Joel González, Gustavo Carías

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