El exgeneral y alto miembro de la Fuerza Armada, Juan Rafael Bustillo, enfrentó esta mañana una audiencia en el caso de la masacre de El Mozote, en Morazán, y en los sitios aledaños, donde fueron asesinadas alrededor de mil personas. Bustillo es uno de los militares acusados y el primero de alto rango que dio su declaración en el caso.

Según testimonios, Bustillo, como miembro del alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), participó en la planificación y coordinación de la denominada «Operación Rescate» que culminó en la masacre de casi mil civiles en El Mozote y otras comunidades del departamento de Morazán.

Bustillo es acusado de tortura, violación, y del asesinato de la enfermera francesa Madeleine Lagadec, en 1989, cuando ella tenía 27 años.

Asimismo, ha sido involucrado en el asesinato de miembros de un sindicato de maestros de una escuela. Testimonios afirman que la Fuerza Aérea, bajo el control de Bustillo, torturó y asesinó a miembros del sindicato, entre ellos María Cristina Gómez y Miguel Ángel Lazo Quintanilla.

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Mientras se llevaba a cabo la audiencia en contra del militar, la defensa del mismo solicitó al juez del caso que la prensa y las víctimas que presenciaban la audiencia salieran de la sala durante la declaración. El defensor pidió que únicamente estuvieran presentes la Fiscalía General de la República (FGR) y los acusadores.

Por su parte, el director de Litigio Estratégico de Cristosal, David Morales, le dijo al juez Jorge Alberto Guzmán, que de acceder a la petición de la defensa de Bustillo, violaría el derecho a la libertad de expresión.

Ante esto, el juez negó la petición de la defensa del exmilitar, alegando que por ser un crimen contra la humanidad, «la humanidad entera tiene derecho a conocer lo que sucede en el proceso».

Luego de una discusión por la confidencialidad de las declaraciones de Bustillo, el militar expresó que él no pertenecía al alto mando de la Fuerza Armada. «Yo no tenía ningún conocimiento (de la Operación Rescate)», aseguró.

«Yo no he venido a decir que soy inocente, pero tampoco que soy culpable», agregó.

Bustillo explicó que él se había enterado de la masacre de El Mozote tres o cuatro días después, cuando la prensa internacional lo hizo público. «No quiero defender a nadie del alto mando, porque no sé nada de lo que pasó en El Mozote», sostuvo.

De acuerdo a Bustillo, la masacre de El Mozote habría sido una idea y ejecución del comandante militar de la FAES, Domingo Monterrosa. «Fue una locura de parte suya», agregó.

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El exmilitar confirmó que el Batallón Atlacatl llegó al cantón El Mozote en diciembre de 1981, pero dijo que él no tuvo injerencia en ese operativo porque pertenecía a la Fuerza Aérea. «Yo no sé que fue a hacer el batallón», afirmó en su declaración.

«Quiero que sepan ustedes que no he venido a decirles que soy inocente, pero quiero decirles con propiedad que no soy culpable de todos los hechos que ocurrieron en El Mozote y sus alrededores», puntualizó.

De acuerdo al juez Guzmán, Bustillo es acusado por más de 40 testigos.

«Por la guerra, hay gente que se vuelve loca. Creo que a Monterrosa se le ocurrió por iniciativa propia en ese momento ordenar que mataran a toda esa gente», dijo el exmilitar.

El exmilitar Juan Bustilló alegó que no sabe si se han destruido archivos militares. «Tengo 30 años de haberme retirado. Hay que preguntar en la Fuerza Aérea».

Luego de estas declaraciones, la audiencia en contra de Bustillo finalizó, y ahora queda a las espera que el juez haga las valoraciones correspondientes que determinarán si es culpable o no. Él se declaró inocente. «No soy culpable, pero lo lamento profundamente», finalizó.

Dorila Márquez, sobreviviente de la masacre, cree que la estrategia de Bustillo es encubrir a los responsables, «para que digan que fue Monterrosa el que hizo eso, como él ya está fallecido», manifestó.

«Existen pruebas y análisis forenses que prueban todo lo que hicieron. No todo lo que el señor dijo es verdad. Yo vi los helicópteros disparando contra la gente y llevando tropas. No puede decir que no él no sabía lo que estaba pasando», relató Márquez.

Por su parte y luego de la audiencia, David Morales, de Cristosal, dijo que es imposible que Bustillo no haya tenido información sobre el operativo militar donde fue perpetrada la masacre.

De acuerdo a Morales, la declaración de Bustillo confirmó la responsabilidad del alto mando en la mascre de El Mozote, «por acción u omisión».

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Días antes de los hechos, algunas transmisiones de radio y recados a residentes de la zona del Mozote, anunciaron que a todos los que estuvieran por el monte, los matarían. Si no querían ser asesinados, debían encerrarse en sus casas. De esta manera, el Ejército se aseguró de que los habitantes de la zona estuvieran localizados y accesibles. La madrugada del 10 de diciembre de 1981, el Ejército bombardeó El Mozote.

La operación, llevada a cabo por el Batallón Atlacatl ⎯conocido como “BIRI Atlacatl”⎯, junto con unidades de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera y el apoyo de la Fuerza Aérea, fue denominada como “Operación Rescate” o “Yunque y Martillo”. Entre 1,000 y 2,000 militares se desplegaron en busca de un posible campo de entrenamiento de la contrainsurgencia.

El operativo se extendió a varias localidades del noreste de El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre. Los soldados ingresaron en las aldeas, quemaron casas y animales, separaron a las mujeres y a los niños de los hombres y los ejecutaron.

Una vez realizadas las masacres, los militares volvieron al cuartel para informar acerca del “éxito” del operativo, a cargo del coronel Monterrosa. Mientras tanto, las personas que sobrevivieron, huyeron hacia los montes, regresando posteriormente a enterrar a sus muertos. Muchos de ellos se desplazaron dentro del país o migraron hacia Honduras, para escapar de posibles nuevos ataques.

Lo sucedido en El Mozote y en las distintas zonas del cantón Guacamaya se vincula directamente con el conflicto interno que arrasó con miles de vidas durante la década de los 80’s. En su afán de acabar con la guerrilla, el Ejército justificó operativos sangrientos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que culminan el 16 de enero de 1992, cuando se firma el Acuerdo de Paz entre el Estado de y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

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