La nación andina no ha logrado superar rémoras del pasado, sostuvo una experta entrevistada por RT. Por lo tanto, «el conflicto va a permanecer», lamentó.
Miles de personas en provincias del Perú pensaron que la llegada al poder de Pedro Castillo, un profesor rural de la lejana localidad de Cajamarca, daría un vuelco a décadas de marginación. Sin embargo, su destitución el 7 de diciembre de 2022 bajo la acusación de rebelión, profundizó una vieja herida.
Desde el día siguiente de su destitución, un sinfín de personas, mayormente del sur y de la región de Puno (fronteriza con Bolivia), tomaron las calles para exigir la renuncia de su sucesora, Dina Boluarte, en su afán por impulsar unas elecciones adelantadas.
El resultado: casi 70 muertes, la mayoría producto de enfrentamientos con fuerzas de seguridad pública. Pese a la evidencia del uso ilegítimo de fuerza letal por parte de militares y policías, Boluarte ha reforzado su poderío.
El Congreso de la República (la institución más desprestigiada del país, según muestran sondeos) ha rechazado hasta en cinco ocasiones un anticipo de comicios. Boluarte se niega a dimitir, lo que ha dejado el panorama intocable. Legalmente podrían gobernar hasta 2026.
Racismo como factor
La semana pasada, la ONG Amnistía Internacional presentó otro informe que denuncia la represión estatal; la Fiscalía de la Nación citó a la presidenta a declarar por presunto genocidio, entre otros cargos; y también se difundió un estudio contundente.
El 72 % de las personas en Perú considera que la crisis política está vinculada al racismo y a la discriminación contra los pueblos indígenas u originarios, reveló una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
De ese grupo, un 51 % contestó que el racismo y la discriminación tienen mucho que ver con el clima político vivido en el país.
«Sienten que su voto, su influencia en la política es prácticamente ninguna, por esa razón relacionan discriminación con crisis política», explica Ana Leyva, integrante del grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Leyva, quien trabajó de cerca en este estudio, fue cuestionada por RT sobre las razones por las cuales tanta gente en Perú tiene esta percepción: «Piensan que el sistema político no los incorpora, no los representa, está cerrado, es un espacio cerrado para los pueblos indígenas«, sostuvo.
«Por más que han protestado, no ha habido la posibilidad de que sean escuchados, de que sus demandas sean incorporadas por ese sistema político», enfatizó la experta.
El mayor foco
Leyva destacó que en la capital peruana hay una menor valoración de las comunidades originarias, en comparación con el resto de provincias. «El porcentaje más alto de personas que piensan que los pueblos indígenas son atrasados pertenecen a Lima y a los sectores A y B», señaló en referencia a las clases con mayores ingresos. Una tendencia que no sorprende a los analistas.
Durante el breve mandato de Castillo (2021-2022), Lima fue el principal fuerte opositor. En cambio, apenas asumió Boluarte el control del Estado, la tendencia cambió.
