Tres exfuncionarios salvadoreños se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar supuestas violaciones a sus derechos civiles y políticos cometidas por las sentencias de la Sala Constitucional.
Entre los afectados por las sentencias de la Sala se encuentran 31 diputados suplentes de la Asamblea Legislativa; el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral Ulises Rivas; el expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Tito Zelada; y Salomón Padilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ellos sostienen que dichas sentencias emitidas desde 2009 hasta la fecha han afectado a 128 personas que tenían cargos públicos en diferentes instituciones del Estado.
Mediante sus resoluciones, la Sala Inhabilitó a los diputados suplentes argumentando que no fueron electos de manera directa por los votantes y mando a la Asamblea Legislativa a crear un mecanismo para elección de estos funcionarios.
Mientras que a Salomón Padilla y a Ulises Rivas los separó de su cargo señalando que están vinculados con el FMLN. Recientemente, Rivas señaló que el objetivo de los magistrados de la Sala es interferir en asuntos electorales, para beneficiar al partido ARENA..
