El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas, presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) contra cuatro magistrados propietarios y una suplente de la Sala de lo Constitucional por supuestamente violar sus derechos civiles y políticos, tras haberlo destituido de manera cautelar.
La medida se debe a una demanda que se interpuso en su contra porque el magistrado supuestamente tiene vínculos partidarios con el FMLN. La prueba que se ha presentado es que Rivas, cuando aún no era magistrado, apoyó en un evento público a Salvador Sánchez Cerén y a Óscar Ortiz cuando estos eran candidatos para las presidenciales de 2014.
Rivas resaltó que con la decisión de destituirlo se ha violado su derecho a la libre expresión y manifestó que ese derecho no es impedimento para ejecutar su cargo. Al mismo tiempo reiteró que la medida cautelar de la Sala se debe a que su pensamiento es contrario al de los magistrados, pues afirma que estos actúan a favor de la oposición.
Tras una investigación realizada por el InformaTVX se evidenció que la magistrada que ocupa actualmente el cargo de Rivas, Sonia Liévano de Lemus, ha creado al menos seis sociedades en Panamá con el empresario y secretario del partido Democracia Salvadoreña, Adolfo Salume.
Rivas debía ostentar su cargo desde el 2014 hasta el 2019, sin embargo, debido a la medida cautelar su periodo ha sido interrumpido. Esta no es la primera demanda que Rivas presenta contra los magistrados, también presentó una ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la misma Sala de lo Constitucional por el mismo caso.
