La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil capturaron a José Adán Salazar, conocido con el alias de Chepe Diablo, por el delito de lavado de dinero.
Asimismo, el Ministerio Público realizó 26 allanamientos vinculados a este caso, entre ellos, a la empresa Gumarsal, ubicada en San Juan Opico; el Hotel Capital, en Antiguo Cuscatlán; la alcaldía de Metapán, en Santa Ana; el Club Deportivo Metapán; entre otros.
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo que también han sido capturadas tres personas más ligadas a este caso, pero no brindó mayores detalles al respecto.
En el 2014, Estados Unidos calificó a Salazar como «capo del narcotráfico», bajo el marco de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Salazar ha sido catalogado como el máximo líder del Cártel de Texis, una organización criminal que opera en la zona occidental del país.
La decisión ejecutiva de los Estados Unidos fue motivado por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro del Gobierno estadounidense. Esta oficina cuenta con tres criterios para catalogar a alguien como miembro de las estructuras del narcotráfico: 1) Prestar apoyo financiero para actividades de narcotráfico; 2) Controlar directamente el tráfico de drogas; 3) Jugar un rol importante en el tráfico internacional de drogas.
La Fiscalía General de la República acusó a Salazar ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, en abril de 2014, por haber evadido $1.3 millones entre 2010 y 2011. Según el Ministerio Público, la evasión había sido realizada tanto por su empresa como por el mismo Adán Salazar.
El año pasado, el periódico El Faro publicó un reportaje en el que vinculan a Adán Salazar con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Según el artículo periodístico, el funcionario y Chepe Diablo son los socios fundadores de Desarrollos Montecristo S.A. de C.V., empresa dedicada a la compra venta de inmuebles, la cual también está en la lista de allanamientos, según informó el fiscal general Douglas Meléndez.
