El Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) se comprometió, a través de un comunicado de prensa, a garantizar los derechos laborales de los empleados de las empresas del Grupo Gumarsal,
«Que desde el primer día de administración de estas empresas por parte del CONAB se han garantizado los derechos de los empleados de cada una de las empresas y sus establecimientos comerciales, dándole prioridad al pago respectivo de planillas y prestaciones de ley, las cuales han sido canceladas oportunamente, garantizando su derecho a la estabilidad de los trabajadores», señala en su comunicado del CONAB.
Desde el pasado 8 de abril, la Fiscalía General de la República entregó al CONAB la administración de dichas empresas, porque dos de sus propietarios, Juan Samayoa y Wilfredo Guerra, son acusados, junto a otras siete personas, entre ellas, Adán Salazar, alias Chepe Diablo, de lavar más de $251 millones. Actualmente Juan Samayoa, quien es alcalde de Metapán; y su hijo Wilfredo Guerra se encuentran prófugos de la justicia.
Asimismo, pidió confianza a sus clientes y proveedores de que todas las operaciones que realizan estas empresas, ahora administradas por esta institución pública, son realizadas bajo el marco de la legalidad. Además, señaló que si hay pagos pendientes desde la anterior administración, serán retomados para garantizar el cumplimiento de sus pagos.
Por otra parte, solicitaron a las instituciones públicas que tenían procesos de licitación con las empresas del grupo Gumarsal, que los mantenga, porque ahora continuarán bajo la responsabilidad del CONAB.
La semana pasada, empleados de Gumarsal expresaron que las acusaciones en contra de los dueños de la empresa habían generado que el principal proveedor de materia prima ya no les abastecerá de harina, trigo, maíz y soya.
