Entrevista realizada por: Irvin Marroquín y Carlos Cea
El próximo miércoles 31 de junio, el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador definirá si irán a juicio o se les da sobreseimiento definitivo a las 22 personas acusadas de delitos como asociaciones ilícitas, introducción de objetos prohibidos en los recintos penitenciarios, realizados durante la denominada tregua entre pandillas.
Entre los imputados se encuentran el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda; Raúl Mijango, quien se denominó como mediador de la tregua; y exfuncionarios del sistema penitenciario y corporación policial.
Uno de los elementos de la PNC que es señalado de proveer recursos estatales a quienes mediaban con las pandillas es el comisionado Óscar Aguilar Hernández. En ese momento, Aguilar era el jefe del Centro de Inteligencia Policial. Su abogado Mario Pérez Bennett dice que hay varias contradicciones en la acusación de la Fiscalía General de la República. Una de ellas es que el Ministerio Público señala en una parte que los detenidos tenían autonomía en este proceso, pero en las conclusiones señala que no tenían poder de decisión
Además, Pérez Bennett cuestiona que la Fiscalía no haya procesado al expresidente Mauricio Funes ni al actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, quien para ese entonces era el titular de Seguridad. Por lo tanto, califica a este proceso como un “juicio político”.
“Cómo es posible que en el requerimiento y en la acusación se excluya al que creó la tregua y a los que cumplían órdenes de la jerarquía son los que están procesando”, señala Bennett.
Se ha dicho que a quienes se está procesando solo recibían órdenes para facilitar la comunicación entre los pandilleros.
Su servidor fue el que tuvo esa posición, después de leer el dictamen de acusación del Ministerio Público. Es que fíjese que el Ministerio Público está aportando la prueba documental y los audios, que incluso hubo unos que no se entendían, y que la jueza dijo que eso no se entendía y no se podía porque técnicamente estaban mal.
En el dictamen hay contradicciones de fondo bien fuertes ¡porque en el mismo dictamen está la defensa!, o sea, ¡el dictamen tiene tanta contradicción que en lo que ha presentado la Fiscalía ahí están los elementos de defensa para ganar este caso!
¿O sea que todos los argumentos para defender a su cliente se los ha dado la Fiscalía?
Aquí está la defensa, mire que bendición… que en la acusación usted encuentra la defensa y la salida legal técnica. Mire, hay dos declaraciones bien importantes en este proceso. Ustedes recordarán el año pasado, el Ministerio Público presentó esto con bastante publicidad y dijo el señor fiscal general que este caso se presentaba y todo pero que habían tenido “una dificultad” de que “gente y funcionarios que tenían poder no habían podido ser alcanzados” porque la gente tenía temor. Entonces, cuando hablamos de poder, estamos hablando de un concepto político porque el concepto poder no es un concepto jurídico de lo que es político, quiere decir entonces, este es un juicio político, estamos hablando de gente de poder.
Aunque se puede entender el concepto “poder” como poder de decisiones o autoridad en alguna institución pública.
Ya le voy a explicar eso. La tesis mía es que este es un juicio político, porque está hablando de poder. El poder quiere decir que en esta acusación que se presentó hace un año había dos clases de personas involucradas; los que tienen poder, que fueron excluidos y los que no tienen poder que fueron incluidos, por eso es un juicio del poder, un juicio político.
Cuando usted estudia la acusación de la Fiscalía encuentra grandes contradicciones, como por ejemplo, hay un folio donde textualmente dice de que los funcionarios que están involucrados en diferentes delitos o ilícitos podían actuar autónomamente y podía tomar sus decisiones. Le voy a decir cuál es el folio para que quede agregado, dice el folio 30,476: “La representación fiscal considera que ha llegado a encajar perfectamente en la conducta los ahora procesados, particulares, empleados y funcionarios públicos que están investidos de la calidad especial de los funcionarios públicos y dotados de la autoridad y de la autonomía y poder de decisiones”.
O sea que ellos “tenían autonomía” y poder de decidir… Pero mire lo que concluye la Fiscalía. ¡No le digo que ahí está la defensa! La Fiscalía concluye, después de este análisis y razonamiento, dicen ellos en el folio 30,495: “Es obvio que los ofrecimientos formulados por los mediadores durante la tregua no iban a hacer formulados por los mismos, sabiendo que eran condiciones que no están en posibilidades reales de llegar a ofrecerles y mucho menos a cumplir de tal forma que al momento que se llega la posibilidad de que se cumplan sus peticiones, los mediadores conocían de antemano que contaban con el apoyo de satisfacer las peticiones. Apoyo que no pudo provenir de parte del director del Penal de Zacatecoluca, toda vez que este no se encuentre en un nivel de jerarquía y autoridad, en el cual puedan disponer a voluntad de los traslados de internos, de un penal a otro, o disponer a voluntad del personal de la Fuerza Armada al Centro Penal de Zacatecoluca, toda vez que estas situaciones son acordadas al más alto nivel gubernamental ya sea por acuerdo entre ministros o acuerdo presidencial”.
Fíjese bien la contracción: “Pueden actuar ellos con autonomía”. Y cuando llega aquí, a la síntesis, dice que reconoce que no podían hacerlo, sino era mediante un tema de jerarquía, política, ministerial o el presidente.
En esa primera parte, que usted señala como contradictorio, quiere decir que el poder es limitado, ¿se está refiriendo a eso la Fiscalía? El poder de decisión limitado que podían tener los imputados.
No. Es que no lo pueden tener porque hay una jerarquía. Cómo explica usted, como por ejemplo, con el caso del comisionado Óscar Aguilar —que según he presentado yo la certificación del manual de funciones y la estructuración de la PNC—, arriba de él, en jerarquía, estaba el director general de la Policía, en esa época de la tregua era el general Salinas.
Fíjese lo que dice el general Salinas en el folio 30,480: “El general Salinas agrega que como director de la Policía Nacional Civil no tenía poder de decisión en la tregua”. Él lo dice. Si el director no tenía poder de decisión en la tregua, menos va tener el subalterno de él. Quiere decir que quienes tenían toma de decisión en la tregua eran los que estaban arriba de él, ¿y quiénes están arriba de él? El ministro de Justicia y el presidente de la República. Y entonces, ¿quién nombra al director de la policía? ¿Quién nombra al ministro de Justicia?
Concluye la Fiscalía en el folio 30, 498: “Del conjunto de información que actualmente se ha logrado reunir tanto testimonial, como también documental, se logra concluir que el ministro de Justicia y Seguridad, general David Victoriano Munguía Payés, fue el creador, ideólogo, promotor y principal defensor de la tregua; ello tomando en cuenta que no podía verse afectado el traslado de líderes de las pandillas, sin su conocimiento y autorización que no se hubiere dado el acompañamiento de los convoy de traslados sin su influencia como militar retirado y que fungía como ministro”.
Cómo es posible que en el requerimiento y en la acusación se excluya al que creó la tregua y a los que cumplían órdenes de la jerarquía son los que están procesando.
¿A qué cree que se debe eso?
Es un juicio político, selectivo y por eso es injusto.
Ahora bien, pensando que este es un juicio político y que es una batalla por poder, ¿por qué precisamente no están acusando a estas figuras que son el blanco más apetecible? Yo creo que es más conveniente para mí, si yo quiero proyectarme como periodista, atacar o hacer un señalamiento más individual al ministro de Defensa que al jefe del cuartel X.
Es una pregunta que la tiene que responder el señor fiscal de la República, eso no se lo puede responder la defensa. Lo que le puedo decir es que yo le estoy respondiendo y le estoy analizando qué es lo que dice el Ministerio Público.
Mire, es más, el director de lo Policía, mire lo que dice, cuando ofertan la prueba testimonial, Francisco Ramón Salinas Rivera, dice el folio 30,527, “tengo la certeza que llegó a ser una política de Gobierno”.
Eso dice, eso no se lo inventó —Nelson— Rauda ni se lo inventó el otro, esa es una política de Gobierno y esto viene, le voy a leer lo que dijo el presidente de la República de esa época, el señor Mauricio Funes, en Naciones Unidas, el 25 de septiembre del 2012: “Así como la pobreza existen otros flagelos como la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado que privan a nuestros pueblos de bienestar y felicidad. Convencido de ello, implementamos políticas públicas para reducir la violencia y combatir el crimen. El Gobierno creó nuevas unidades policiales, graduó a 4,000 nuevos agentes y redobló los planes operativos para reprimir el delito. Al mismo tiempo, el acto de no agresión entre las dos principales pandillas del país, suscrito hace dos años, del cual el Gobierno solo ha sido facilitador, aclarado las condicione mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno”.
Usted está planteando que en el mismo requerimiento están los elementos de la defensa, Entonces, con base a su experiencia, en este caso, ¿la Fiscalía lo ha hecho para perderlo?
No, yo no he dicho eso. Lo que le he dicho yo es que tal como está planteada la acusación, como hay grandes contradicciones de fondo. Una contradicción fundamental es que dice que no puede actuar, que es imposible sin la jerarquía política, es una contradicción. Segundo, está clarísimo que era un tema de interés político y fíjese que lo dice el mismo requerimiento, lo dice por lo menos cinco veces. Folio 3,466: ”El Ministerio de Justicia y Seguridad a través de la Dirección General de Centros Penales y a través de la Policía Nacional Civil, si bien es cierto que con el otorgamiento de beneficios de preventas no contempladas en la Ley Penitenciaria se llegó a pretender obtener réditos de índole político al presentar la realidad ante la sociedad salvadoreña ,agobiada por la violencia, como también ante la comunidad internacional, la imagen de haber conseguido bajar el número o índice los crímenes cometidos diariamente”.
Eso dice la Fiscalía, pero lo repite, es una cuestión repetitiva. Miren el folio 30,469: “Se logra colegir, más bien la concesión de beneficios y ventajas a los internos de pandillas, llevaba imbíbito el hecho de que en su momento la Dirección General de Centros Penales pretendía poner tintes políticos en favor del Gobierno, presentando ante la sociedad un panorama por el cual se pretendía dar una imagen de tener bajo control el manejo de las pandillas, como consecuencia la disminución del índice delincuencial”.
Y, ¿cuáles son los políticos que están procesados ahí? No hay ninguno, bueno y en todo caso, entonces, no es una cuestión autónoma, sino que política de Gobierno, esa es la tesis mía. Mire el folio 30,477, por tercera vez repite, “ofrecer preventas, apoyo, inclusive entrega en efectivo, a efecto de tener tintes políticos o intentar vender a la ciudadanía la falsa imagen de haber conseguido con política gubernamental de seguridad bajar los índices de violencia”. ¿Quién llegó a decir a la ONU que esas eran parte de una de sus políticas de seguridad?.
Hay un testigo criteriado que es el 20, buen testigo, se llamaba Carlos Eduardo Burgos, “Nalo de Las Palmas”, y hace buena interpretación política explicando todos los detalles por menor, pero luego la interpretación de la Fiscalía es la más sabrosa 30,495: “Ellos habían hecho unas peticiones, que salieran a los penales, pero menos a Zacatecoluca, que quitaran el área perimetral—de seguridad— (…) es obvio que los ofrecimientos formulados por los mediadores de la tregua no iban a ser formulados por los mismos, sabiendo que eran condiciones que no estaban en posibilidades reales de llegar a ofrecer y cumplir”.
Y luego dice, “De lo anterior logra vislumbrarse con entera claridad que la propagación y falsas justificaciones en primer momento llegaron a esgrimirse por parte de personeros del Gobierno intentando justificar que el traslado de los líderes de de las pandillas en último momento había obedecido a medidas de seguridad, porque se tenía conocimiento que se estaba preparando un ataque contra el Centro Penal de Zacatecoluca. Fue una total falacia y una burda mentira intentando justificar lo que era una estrategia orquestada a nivel gubernamental desde las esferas más altas del poder”.
¿Eso lo dice el testigo criteriado?
No. Lo dice la interpretación de la Fiscalía. Dice la Fiscalía: “De las exigencias iniciales formuladas por los grupos de pandilla con los cuales se llegó a negociar, con el conocimiento y anuencia de la jerarquía gubernamental”.
Mire lo que dice de monseñor Colindres: “Con el acompañamiento de Fabio Colindres se buscó una cuestión de mercadeo y publicidad; tratando de ocultar los verdaderos propósitos con el beneplácito de las altas esferas gubernamentales, llámese ministro de Justicia y Seguridad Pública, general David Victoriano Munguía Payés. Puede intuirse que pudo producirse paso a paso a partir de que en noviembre de 2011 pasara a retiro”.
Con estas contradicciones, ¿considera que este caso se puede caer, al menos en contra de su cliente?
En el caso del comisionado Aguilar no tiene absolutamente nada que ver. Primero porque hay una línea jerárquica. En la acusación le imputan de haber facilitado recursos a un señor —Juan Roberto Castillo Díaz— que reincorporan a la policía, lo asigna al Centro de Inteligencia Policial, pero nunca trabajó ahí, sino que siempre trabajo con el ministro Munguía Payés, solo ahí se lo asignaron porque no encontraban donde ponerlo.
De inmediato mandan un oficio y comprobamos que a los cuatro días de que lo nombran allí, lo manda a hacer una misión especial con el ministro de Justicia. Entonces, dicen ellos que les proveyó un vehículo, un teléfono; pero cuando empezamos a ver las pruebas que ellos presentan vemos la contradicción.
El vehículo que ellos dicen que le ofreció el Centro de Inteligencia Policial, a cargo del comisionado Aguilar, dicen que no estaba a cargo el Centro de Inteligencia Policial, sino que de la Dirección General de la Policía y dicen también que el teléfono: “Memorando de fecha 24 de julio de 2014, firmado por el comisionado Luis Ernesto Dueñas Cárcamo, jefe de la División de Logística de la Policía Nacional Civil, el cual agregan especificaciones del carro”. Eso lo involucran que el comisionado Óscar Aguilar le dio un vehículo a Castillo teniendo conocimiento que andaba en el tema de la tregua.
Ellos presentan un documento con certificación de que este vehículo que manejaba este señor —Juan Roberto Castillo Díaz— no estaba en el departamento de inteligencia sino en la dirección general y el teléfono que le dieron dice en otro memorando que se lo asignó otro jefe de la Policía.
Entonces, qué le dio Aguilar si ellos están demostrando que no lo pudo haber dado él. Por eso, afirmo que en la acusación está la defensa. No tiene nada que ver el comisionado.
¿Por qué cree que lo han acusado?
Porque como Castillo estaba asignado formalmente al Centro de Inteligencia Policial, pero en realidad nunca estuvo ahí, solo tres días. Después se fue al Ministerio, porque nosotros probamos el traslado.
Además, ellos presentan que el ministro de Justicia le exime de marcar la entrada y la salida a Catillo. Entonces, ¿para quién trabajaba para quien trabajaba para el ministro de Justicia o para el comisionado Aguilar? Para mí el caso del comisionado Aguilar es perdido.
¿Cuáles son los delitos por los cuales es acusado el comisionado Aguilar?
Solo uno, asociaciones ilícitas, haber facilitado recursos, el vehículo, teléfono y el pago de viáticos.
Cuando dicen que facilitó el vehículo ellos mismos demuestran que ni siquiera era de ahí, era de la Dirección General de la Policía.
¿A Quiénes supuestamente le facilita los recursos?
A mediadores, al subinspector Castillo. Dice que trabajaba para el CIP y que estaba en la planilla, pero no lo prueban. Llegó el 18 de febrero de 2012 y el 20 lo mandan para el Ministerio de Justicia.
Y el otro, que ponen de mediador, de apellido—Luis Alonso Aguilar Marín—, nosotros hemos probado que nunca ha pasado por ahí. Él estaba en Lourdes Colón y presentamos el nombramiento de traslado de ahí —Lourdes Colón— a la Dirección General de la Policía. Trabajaba como asesor, el mismo jefe de Policía de esa época dijo: “Yo lo nombré como mi asesor”.
Por el lado más allá de las contradicciones, por ejemplo, si yo me llevo estos carros necesito una orden o hay un registro. ¿Ellos cuentan con respaldo de este tipo?
Sí, ellos cuentan con eso. Ellos dicen que este señor X entraba al penal de Zacatecoluca, donde tienen un libro de entradas. Entonces a él —Juan Roberto Castillo Díaz— lo quieren vincular porque formalmente estaba nombrado aquí, pero solo pasó dos días aquí y luego por orden de la Dirección General de la Policía a trabajar con el ministro de Justicia.
Como el mismo director de la Policía dice: no encontraba donde ponerlo, entonces como vi que trabajaba en inteligencia pongámoslo allí, aunque el trabajo efectivo va depender de allá.
Además, aquí dice que quien más proveyó recursos, tanto recurso humano como logístico, fue la OEI —Organismo de Inteligencia del Estado— y mencionan al funcionario que también está fuera de la investigación. Los que tienen poder están excluidos y los que no están procesados, así de sencillo.
El segundo día de la audiencia presentan unos audios de monseñor Colindres, que ni se entendían; y les dice—a los pandilleros internos—,”hablemos del amor al prójimo”. Y les dice, “fíjense que yo compongo canciones”, es lo más relevante de los audios. Participación activisima en ese tema —la tregua— excluido.
¿Su cliente aún sigue trabajando en la Policía?
Él es el jefe de la Policía en el aeropuerto de Comalapa. Le da medidas sustitutivas la jueza….
El señor —comisionado Aguilar— llegó a la audiencia inicial vestido con su uniforme policial, pero por la noche lo fueron a desnudar por un superior de la Policía le dijo, “Quítese el uniforme, usted no puede estar manchando el uniforme de la institución”. El hombre está señalado, no condenado.
¿Cuando el comisionado Aguilar fue acusado de supuesta participación por la comisión de delitos, él ya era el jefe de seguridad del aeropuerto o posteriormente?
Luego de dar medidas y lo nombran.
¿Qué cargo tenía antes?
Creo que en la inteligencia.
¿Pero no ha sido degradado en la jerarquía de la Policía?
No.
¿La intención de la Fiscalía es presionar a estas personas de menor jerarquía para que estos hablen en contra de sus superiores?
No tengo certeza, pero por ejemplo, ¿quien está defendiendo a Nelson Rauda? Es un abogado de Munguía Payés, el licenciado Manuel Chacón, quien salió en contra de los señalamientos que hice para que sean incluidos en la acusación Munguía Payés y Mauricio Funes.
¿Su cliente no ha recibido presión para que acepte los cargos que se le imputan?
No.
