La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos junto a la Universidad José Simeón Cañas (UCA) propusieron la creación de una autoridad nacional del agua que tenga como ente rector principalmente al Ministerio de Medio Ambiente, así como al Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Obras públicas, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)
Al mismo tiempo, esta propuesta contempla crear un Consejo Asesor que estaría conformado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), organizaciones ambientales y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), señaló el rector de la UCA, Andreu Oliva.
El anexo presentado a la Asamblea Legislativa formaría parte de la ley general de aguas que actualmente está siendo estudiada por la Comisión de Medio Ambiente.
La procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, resaltó que con esta iniciativa se pretende agilizar la aprobación de una ley que garantice el recurso hídrico a la población salvadoreña.
Por su parte, José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), manifestó estar en contra de la ley integral de agua presentada por los partidos de derecha. Argumenta que no se le puede brindar autoridad a la empresa privada para administrar un derecho humano.
«Darle demasiado peso a la empresa privada en la administración del agua es un error y además es una violación al derecho humano. Es como si dijéramos que ANEP tiene que administrar los derechos humanos de El Salvador. Es absurdo», expresó Tojeira.
La ley propuesta por los partidos PDC, ARENA, PCN y GANA plantea la creación de una institución que esté compuesta por dos representantes del sector privado, dos alcaldes y un designado por la Presidencia de la República.
Actualmente, la discusión de la ley general de aguas que se estudia en la Asamblea Legislativa ya tiene 90 artículos aprobados, sin embargo, se estancó por varios años por no tener un consenso sobre la conformación de la institución que se creara para regular el agua.
Los partidos de derecha presionan para que en el ente rector de esta ley este conformado por el sector empresarial, excluyendo la participación de las comunidades y las organizaciones ambientales.
