Los representantes del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco) responsabilizan al director del Complejo Educativo Santa Eduviges de Soyapango y a las autoridades del Ministerio de Educación de cualquier acto de violencia del que pueda ser víctima la docente Ana Dinora Najarro, quien desde el 2014 ha denunciado sufrir acoso laboral y persecución político sindical de parte de los funcionarios del referido centro escolar.
Najarro señala que el director Eleazar Cardona la removió de su cargo y que manipula a los estudiantes para que impulsen medidas en su contra. Sin embargo, la Junta Directiva de la Carrera Docente ordenó su reinstalo, resolución que no ha sido efectiva.
La docente ha acudido a diversas instancias como la Fiscalía General de la República y al Juzgado Tercero de Paz de Soyapango para que se investigue a Cardona por los delitos de expresiones violentas y discriminación laboral. El caso está en proceso en el Ministerio Público, mientras que la instancia judicial emitió medidas de protección.
El secretario de conflictos de SIMEDUCO, Daniel Rodríguez, señala que que este no es el único caso a nivel nacional. Sólo este año la organización de docentes ha intervenido en al menos 30 situaciones similares.
El secretario de conflictos de SIMEDUCO, Daniel Rodríguez, señala que que este no es el único caso a nivel nacional. Sólo este año la organización de docentes ha intervenido en al menos 30 situaciones similares.
Rodríguez indica que también les preocupa el índice de docentes amenazados por la situación de inseguridad que enfrenta el país. Cuestiona que los mecanismos de protección y supervisión de docentes y alumnos como el programa Escuela Segura no brindan los resultado esperados.
En el mismo sentido, los docentes denunciaron que esta cartera del Ejecutivo no ha proporcionado a los centros escolares los recursos necesarios para operación y funcionamiento de los mismos. Situación que, según ellos, ha provocado el impago de salarios por seis meses a profesores de horas clases, secretarias, vigilantes y ordenanzas así como el incumplimiento del pago de incentivo de docentes aparados por el decreto de retiro voluntario por enfermedades terminales e incapacitantes. Como medida de presión anuncian una marcha para el próximo 28 de julio.
