Tres expresidentes de la República, durante los gobiernos de ARENA, donaron por lo menos $416,602.63 de fondos de Casa Presidencial a asociaciones que eran presididas por sus esposas, quienes también se desempeñaban como funcionarias públicas.
Irónicamente las oenegés a las cuales se les regaló este dinero, tenían objetivos similares a la institución que dirigieron estas exprimeras damas de la República: La Secretaría Nacional de Familia de la Presidencia. Esta institución, dependencia de la Presidencia, se encargaba de realizar actividades para atender a sectores como la niñez, las mujeres y al adulto mayor. Con la llegada de los gobiernos del FMLN, esta instancia se convirtió en la Secretaría de Inclusión Social.
El primero en la lista, de los que se tiene documentación, es Armando Calderón Sol, segundo mandatario del partido tricolor. Según el Diario Oficial del 24 de abril de 1997, Calderón Sol autorizó la transferencia de ₡ 620,000, provenientes de Casa Presidencial, a tres oenegés: ₡100,000 para la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad ₡120,000 para la Fundación Hermano Pedro y ₡400,000 para Bienestar Familiar, esta última dirigida por su esposa Elizabeth Aguirre de Calderón, quien era secretaria de la Familia de la Presidencia.
Sus estatutos detallan que fue fundada legalmente en 1978 bajo el nombre de Comisión de Asistencia Social y con una renovación en sus estatutos, en 1990, fue denominada Comité Nacional de Desarrollo. Posteriormente, fue llamada como Bienestar Familiar o Asociación Familias en Progreso.
Esta asociación es una institución de carácter privado que tenía como principales objetivos “impulsar el proceso de desarrollo integral de los sectores más necesitados y estimulará en la ciudadanía la participación y desarrollo del trabajo voluntario, orientado en la satisfacción de las necesidades sociales de la comunidad, de los grupos y las instituciones”, reza el artículo 6, capítulo II, de sus estatutos.
Además, los estatutos indican que los miembros de esta ONG serán: la primera dama de la República, la esposa del vicepresidente de la República y “aquellas personas que se identifiquen con su objetivo y deseen colaborar”.
Sobre la conformación de su junta directiva, el capítulo VI, en su artículo 9, señala que estará conformada por una presidenta, una vicepresidenta, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un protesorero y un síndico. Además, indica que el periodo en funciones será el mismo que el del presidente de la República electo.
Posteriormente, durante la administración del expresidente Francisco Flores, a las 3:30 p.m. del 10 de septiembre de 2002, Lourdes María Rodríguez de Flores, Ana Lorena Koberg de Sandoval, William Jacobo Handal Handal y Taca Internacional Airlines, Sociedad Anónima crean la Fundación La Niñez Primero. Todos los fundadores aportan $100 para su fundación.
El artículo 4 de sus estatutos dice que la finalidad de esta ONG es promover la responsabilidad social de la empresa privada para identificar y apoyar espacios y servicios por medio de los cuales los niños, niñas y adolescentes y sus familias pueden acceder a programas lúdicos-recreativos que potencien el desarrollo de sus capacidades físicas, sociales, psicoafetivas y cognocitivas mediados por procesos sociales orientados al desarrollo social y humano.
Cinco meses después de su fundación, el Gobierno del presidente Francisco Flores aprobó entregar, de los fondos de Casa Presidencial, $250,000 en concepto de subsidio a la fundación de su esposa, según consta en el acuerdo número 58 bis publicado en el Diario Oficial, de fecha 4 de marzo de 2003.
En mayo de 2016, la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Fiscalía General de la República realizar un juicio civil contra el expresidente Francisco Flores para recuperar cerca de medio millón de dólares que no pudo justificar en su declaración patrimonial ante la Sección de Probidad. Para ese entonces, el exmandatario tenía tres meses de haber fallecido por un infarto cerebral, el cual se dio mientras era enjuiciado penalmente acusado de desviar más de $15 millones de fondos públicos para el partido ARENA.
Hace casi un mes, el Ministerio Público realizó el proceso de extinción de dominio en contra de nueve bienes inmuebles de la familia de Flores por enriquecimiento ilícito. A pesar de que la familia del expresidente señalan que las propiedades fueron obtenidas antes de que asumiera el Ejecutivo, la Fiscalía señala que a estas se les inyectó dinero no justificado.
El cuarto presidente del Gobierno de ARENA, Elías Antonio Saca, también entregó fondos públicos a la ONG Familias en Progreso, la cual en ese momento era presidida por su esposa Ana Ligia Mixco de Saca, primera dama de la República.
En el 2006, según acuerdo Ejecutivo número 142, el mandatario autoriza donar de los fondos de Casa Presidencial $83,417.76 a esta asociación en concepto de apoyo a la Secretaría Nacional de la Familia brinda a esta organización para ejecutar, coordinar o fomentar programas que promuevan el fortalecimiento de la familia y de sus miembros.
Antes de terminar su mandato, el 17 de febrero de 2009, Saca aprueba el acuerdo Ejecutivo número 55 en el que estipula otorgar a esta asociación $37,470 en calidad de donación gratuita e irrevocable, monto que se entregaría en uno solo desembolso para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de mayo de ese año.
El documento señala que dicha donación sería entregada a través de la Secretaría de la Familia, la cual era presidida por Mixco, siendo cargado el dinero a la Unidad Presupuestaria: 04 Fortalecimiento Familiar, Línea de Trabajo 01, Atención Familiar.
Al igual que su antecesor, el expresidente Antonio Saca tiene dos procesos judiciales en su contra. El primero es civil. Acusado de enriquecerse de manera ilícita con cerca de cinco millones de dólares, la CSJ ordenó, en febrero del año pasado, abrir un juicio porque había inconsistencias en su declaración patrimonial que no pudo justificar.
El segundo juicio es penal. La Fiscalía General de la República ordenó su captura, junto a varios de sus exmiembros de gabinete, a finales del año pasado, por el desvío de más de $246 millones de fondos provenientes de Casa Presidencial a cuentas personales. Por este caso, guardan prisión en el centro penal “La Esperanza” a la espera de que termine el proceso en su contra.
Donaciones de fondos públicos sin regulación
Cada año, el Presupuesto General de la Nación destina una cierta cantidad de sus recursos para donaciones o subsidios a organizaciones no gubernamentales con el objetivo de apoyar la labor que destinan estas entidades que benefician a diferentes sectores de la sociedades, en muchos casos en donde el mismo Estado no está presente. Solo el año pasado se destinaron cerca de $9 millones y para este año más de $6 millones del total del presupuesto para este rubro.
Para la entrega de estos recursos, no existe regulación sobre cuáles serán entregados ni el procedimiento para solicitarlo. En la práctica, el Ministerio de Hacienda envía a la Asamblea Legislativa el Presupuesto General del Estado, el cual está compuesto por todos los presupuestos de las instituciones públicas en donde se detalla las donaciones o subsidios que harán estas a las ONG. Posteriormente, los diputados evalúan el borrador del presupuesto que se convierte en ley cuando es aprobado por el pleno legislativo y sancionado por el presidente de la República.
Sin embargo, desde el año pasado, estos apoyos económicos han sido cuestionados, luego que el periódico El Faro publicará un reportaje en el que se señalaba que la Asamblea Legislativa había donado cerca de medio millón de dólares a una asociación presidida por la esposa del presidente de este Órgano de Estado, Guillermo Gallegos.
La investigación periodística detalló que la Asociación para el Desarrollo Económico y Social para las Municipalidades en El Salvador, fundada por la esposa del legislador, utilizó los fondos en programas de prevención de la violencia, pero al consultar a algunas alcaldías sobre estos, no se encontró un registro sobre ellos.
Posteriormente, una publicación de La Prensa Gráfica indicó que al menos 32 organizaciones que recibieron estos apoyos económicos en el Presupuesto General del Estado 2016, han sido fundadas o son miembros de sus juntas directivas funcionarios y exfuncionarios públicos.
A finales del año pasado, la organización Acción Ciudadana presentó ante la Corte de Cuentas de la República un listado de ONG que recibieron fondos públicos de los presupuestos generales de la nación de 2015 y 2016 para que sean auditados.
Por el momento, no existe ninguna investigación de parte de la Fiscalía General de la República o del Tribunal de Ética Gubernamental por estos casos.
