«A la Paz, Solo por la Verdad» es el título del libro que, el martes veintiocho de marzo del presente año, presentó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el cual recopila en forma de informe las ocho ediciones del Tribunal Internacional para la Aplicación de Justicia Restaurativa en El Salvador (Tribunal), que desde 2009 organiza el Instituto de Derechos Humanos de la UCA.
Este informe elaborado por uno de los miembros del Tribunal, el prestigioso abogado español José Ramón Juániz, recoge los 94 casos presentados en las ochos ediciones del Tribunal: 20 casos de tortura; 23 masacres; 40 ejecuciones sumarias; 11 desapariciones forzadas; haciendo un total de 3,715 víctimas reportadas. Sin duda alguna, un informe muy valioso no solo a nivel cuantitativo sino también a nivel cualitativo, porque en el mismo se recopilan de forma literal los testimonios de todas las víctimas de los Tribunales.
Estos testimonios nos permiten conocer la verdad, nos permiten recordar todas las atrocidades que se cometieron durante el Conflicto Armado y nos ayuda a no olvidar todas las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lamentablemente, y a pesar de aquellos que intentan ocultar los hechos a través de argumentos sin ningún tipo de fundamentación, la estrategia utilizada por la Fuerza Armada conocida como tierra arrasada predominó en muchos territorios, siendo las principales víctimas mujeres y niños. Esta afirmación viene confirmada por los datos numéricos que se presentan en el libro.
Asimismo, en todos los Tribunales que se han celebrado las víctimas han explicado con total veracidad, precisión y detalle, la ejecución indiscriminada de niños y niñas, o como las mujeres eran ejecutadas previa tortura muchas veces a través de agresiones sexuales. En todos estos casos el único motivo era la política de destruir y no dejar a nadie con vida.
La sentencia de 13 de julio de 2016 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, es una oportunidad para caminar hacia la verdad, justicia, reparación y perdón. Estas cuatro palabras, durante las nueve ediciones del Tribunal son las más repetidas y siempre se añade por parte de las víctimas que no quieren venganza, solo conocer la verdad.
Estos últimos días, como consecuencia de la reapertura del Caso del Mozote se ha generado un gran debate con relación a la posibilidad o no de enjuiciar los crímenes del pasado. Si bien las graves violaciones de los derechos humanos constitutivas de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra debían haberse enjuiciado, porque estos casos son imprescriptibles y no aplica una eventual ley de amnistía; después de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ya no es posible afirmar desde un punto de vista jurídico que no pueden investigarse.
Si bien en enero de 1992 se firmaron los Acuerdos Paz, como afirmó una de las víctimas del Tribunal que se celebró los días 29, 30 y 31 de marzo del presente año en la Comunidad Segundo Montes en Meanguera (Morazán), “la paz no es la ausencia de la guerra, sino la presencia de la justicia”, y la justicia no ha llegado; sin ella, es muy difícil construir y seguir avanzando hacia un mejor país.
*Abogado del IDHUCA
