La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, descartó este viernes renunciar a su cargo, pese a las protestas que exigen su salida por su presunta participación en un «golpe de Estado» contra el presidente electo, Bernardo Arévalo.
Porras, quien es señalada de proteger a funcionarios corruptos y de perseguir a opositores políticos, dijo a través de su oficina de prensa que continuará en su cargo «hasta que la ley lo permita».
«Su actuar siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la ley, contribuyendo al fortalecimiento del estado de Derecho en el país», agregó la fiscal.
Las protestas contra Porras comenzaron el lunes, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) realizara un allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en donde secuestró las Actas No.4 y No. 8 que guardan la pureza del proceso electoral.
Los manifestantes, que incluyen organizaciones sociales, campesinas e indígenas, así como estudiantes, exigen la renuncia de Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y el titular de Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana.
Porras es una aliada del presidente saliente, Alejandro Giammattei, quien ha sido acusado de promover un «golpe de Estado» contra Arévalo, quien ganó las elecciones presidenciales de junio con el 53% de los votos.
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala otorgó un amparo provisional el jueves para garantizar la toma de posesión de Arévalo, pero las protestas continuaron este viernes.
La CC también hizo un llamado a los funcionarios públicos para que se ejecute sus facultades y ejercer sus derechos de manera, tal «para que la transición prevista en la Constitución, se consolide en el marco de un orden institucional estable que previó el Constituyente».
El gobierno de Guatemala ha pedido a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que medie entre los sectores sociales y el Gobierno para resolver la crisis.
