La Fiscalía General de la República informó que ha logrado inmovilizar cuentas bancarias, bienes inmuebles y muebles de la empresa minera Oceana Gold, propietaria de la subsidiaria Pacific Rim, por el impago de esta transnacional al Estado salvadoreño en una demanda que perdió la compañía ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Según el Ministerio Público, se ha logrado inmovilizar nueve inmuebles, ubicados en San Isidro, Cabañas; siete vehículos; y tres cuentas bancarias con 198,904 dólares.
Oceana Gold había demandado al Estado salvadoreño por $248 millones luego que se le prohibiera, durante la administración del expresidente Antonio Saca, la exploración y explotación minera en el país. Sin embargo, en octubre pasado, el CIADI falló a favor de El Salvador y resolvió que la compañía debía indemnizar por ocho millones de dólares al Estado salvadoreño en concepto de costos procesales, pero la empresa no ha pagado hasta la fecha.
«La solicitud de Diligencias de Auto de Pareatis, se ha dado con el fin de obtener el reconocimiento y autorización nacional, para la ejecución del Laudo pronunciado por el Tribunal de Arbitraje del CIADI, y con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la cantidad estipulada por la instancia arbitral», señaló la FGR en su sitio web.
A finales de marzo, la compañía informó que se retiraba del país luego que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador, la cual cierra las puertas para la operación de esta industria en el país.
Pacific Rim comenzó operaciones en El Salvador en el año 2002, en el municipio de San Isidro Cabañas, pero posteriormente esta empresa fue adquirida por Oceana Gold.
Durante este tiempo, comunidades de Cabañas y organizaciones ambientales se manifestaron en contra de la operación de Pacific Rim por los daños ambientales que ocasionaría esta industria en la zona. Entre 2008 y 2011 fueron asesinados cinco ambientalistas, pero las autoridades aseguraron que los motivos tenían que ver con problemas familiares, argumento que ha sido cuestionado por las organizaciones sociales.
