El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró este miércoles que el «golpe» que se habría gestado durante los últimos meses en su contra, fue finalmente «bloqueado» por las acciones de la Corte Constitucional (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«El golpe de Estado en cámara lenta que se venía dando ha quedado bloqueado con las resoluciones de la CC y del TSE. El golpe de Estado intentaba, por medios judiciales, lograr unas condiciones de alteración de la voluntad popular y el resultado electoral. La CC cerró el paso», sostuvo en una entrevista con AFP desde Ciudad de Panamá, una de las paradas de su gira centroamericana.

Arévalo aludía al dictamen del CC en el que se ordenó a las instituciones «garantizar» la toma de posesión de las autoridades electas y al pronunciamiento de los magistrados del TSE, en rechazo a la pretensión del Ministerio Público en anular los comicios generales de 2023, en el que se afirmó que los resultados «son inalterables».

«Totalmente convencido»

Arévalo también aseveró que está «totalmente convencido» de que asumirá el poder el venidero 14 de enero y descartó de plano la posibilidad de que se produjera una acción sediciosa en el seno de las Fuerzas Armadas para frustrar su investidura, porque el estamento castrense, «como institución, ha estado totalmente fuera de la crisis política».

En relación con la actuación de la Fiscalía General, encabezada por la fiscal Consuelo Porras, dijo que esa instancia «lo que ha hecho es fabricar casos» y «actuar sobre patrañas sin ningún sustento». «Eso no quiere decir que no siga haciendo intentos, pero no tendrá éxito. No hay duda de que vamos a asumir», añadió.

Del mismo modo, desechó un eventual levantamiento de su inmunidad parlamentaria antes de la asunción, al considerar que el Ministerio Público «no tiene ninguna evidencia» de los casos que ha avanzado en su contra e indicó que ha tomado «las medidas de protección necesarias» para garantizar su integridad personal.

Gobernabilidad y lucha anticorrupción

Al ser preguntado sobre las acciones que pensaba emprender para gobernar con un Congreso e instituciones judiciales en contra, el político apuntó que la fragmentación del Legislativo –160 curules repartidos entre 16 partidos– obligan a su fórmula, Movimiento Semilla, a trabajar «en la posibilidad de generar condiciones de gobernabilidad mediante una alianza amplia».

A esto añadió que pedirá la renuncia de Porras y pondrá sobre la mesa la elección de jueces, prevista para «el año entrante, con el objetivo de «lograr que las instituciones funcionen para generar un desarrollo en salud, educación, infraestructura, que dé respuesta a la exclusión, y que ha estado ausente porque la corrupción asaltó el poder público».

No obstante, matizó que su Gobierno no podrá «terminar» esa empresa porque se trata de «un esfuerzo que tomará tiempo».

«Crearemos una comisión nacional anticorrupción que irá desarrollándose alrededor de esta estrategia para avanzar en la reforma política, judicial y del Ejecutivo, de las leyes de contrataciones, en evitar el clientelismo político»