Un informe de Amnistía Internacional revela que el ejército de Israel utilizó munición fabricada en Estados Unidos para bombardear edificios de viviendas en Gaza, causando la muerte de decenas de civiles. Según la investigación, al menos dos ataques aéreos en Gaza utilizaron esta munición, provocando la muerte de 43 civiles, incluyendo 19 niños.

Esta revelación ha desatado críticas en torno a la colaboración militar entre Israel y Estados Unidos. Israel es uno de los diez países que más importa y exporta armamento en el mundo, y gran parte de la inversión militar estadounidense en el extranjero se destina a Israel. Amnistía Internacional plantea que esta colaboración podría implicar una responsabilidad compartida en las violaciones de derechos humanos cometidas con armas suministradas por Estados Unidos.

El informe también señala que no se encontraron pruebas de que los objetivos de estos bombardeos fueran militares ni de que las personas afectadas tuvieran alguna relación con Hamás. Las fotografías de los restos de munición encontrados revelan características propias de armas fabricadas en Estados Unidos, incluyendo códigos que apuntan a fabricantes estadounidenses reconocidos.

Además, la ofensiva israelí en Gaza continúa, con los hospitales como principales objetivos. Se advierte de una posible «masacre» en el hospital Kamal Adwan, donde se refugian 7.000 personas, mientras que el hospital de Al Nasr se ve desbordado por la llegada de heridos. En total, se estima que más de 40 personas han muerto por los ataques en la ciudad de Jan Yunis.

El emir de Catar, principal país mediador entre Israel y Hamás, ha llamado a buscar un alto el fuego permanente para detener la escalada de violencia. Ha criticado a la comunidad internacional por permitir los abusos de Israel y ha destacado que la situación empeora cada hora.

Esta situación ha llevado a cuestionar las acciones de Israel y a recalcar la necesidad de buscar una solución pacífica que ponga fin a la violencia y proteja a la población civil. La comunidad internacional debe tomar medidas para garantizar la protección de los derechos humanos y prevenir el uso de armas en violación de estos derechos.