La Unión Europea (UE) ha acordado nuevas medidas para prevenir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones económicas. El acuerdo, alcanzado por el Consejo y el Parlamento Europeo, incluye a sectores como el fútbol y los criptoactivos, que son considerados de alto riesgo.

En el caso del fútbol, las nuevas medidas obligarán a los clubes a identificar con exactitud a sus clientes, incluyendo a los agentes de jugadores. También deberán informar de transacciones sospechosas a las autoridades competentes.

El acuerdo admite que las entidades relacionadas con el fútbol pueden acabar fuera de la lista de alto riesgo según la decisión de cada Estado miembro. Sin embargo, los clubes deberán cumplir en todo caso con las medidas de identificación y reporte de transacciones sospechosas.

Otros sectores que estarán sometidos a una mayor vigilancia por parte de las entidades financieras de la UE son la compraventa de joyería de alto valor, de coches y yates de lujo, así como el mercado de obras de arte.

El acuerdo también obligará a un control más exhaustivo de los negocios con entidades de terceros países que estén considerados peligrosos para la estabilidad del mercado interior de la UE por sus bajos estándares en el control sobre el blanqueo de capitales.

En cuanto a los criptoactivos, los proveedores de servicios de este tipo de activos financieros deberán identificar correctamente a sus clientes e informar de posibles actividades sospechosas. Por ejemplo, tendrán que implementar medidas concretas de vigilancia cuando se realicen transacciones por valor de 1.000 euros o más con criptoactivos.

Por último, si el acuerdo sale adelante, no se podrán realizar pagos en efectivo superiores a los 10.000 euros. En todo caso, las personas que realicen pagos en metálico por encima de los 3.000 euros deberán ser identificadas.

Para poder garantizar el cumplimiento de estas medidas, el texto establece que las autoridades competentes podrán acceder a registros o realizarlos en locales o viviendas, así como verificar precios, tipos de propiedades o antecedentes delictivos.

Las nuevas medidas, que aún deben ser aprobadas formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo, entrarán en vigor en 2025.