La Misión de Mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló una “radicalización en la posición” de algunos órganos del Estado de Guatemala, en referencia a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de este miércoles 18 de octubre para dispersar la manifestación frente al Ministerio Público (MP) e investigar al extitular del Ministerio de Gobernación (Mingob), David Napoleón Barrientos.
En esta línea, la Misión designada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó su preocupación por los últimos sucesos en Guatemala, ya que señala que un clima de crispación y reproches se adueña de la situación política del país.
“Mientras la tensión social fue cediendo en los últimos días con la flexibilización de los cortes de carreteras, como contrapartida, se radicaliza la posición de algunos órganos del Estado”, señaló.
De esta cuenta, sostuvo que incluso se llegó a acusar judicialmente a un Ministro por mantener una actitud pacífica y prudente, lo que en la práctica ha arrojado excelentes resultados, ya que no se han dado enfrentamientos ni violencia.
Por ello, reiteró que “legítimo es protestar, legítimo es cuestionar, legítimo es también ejercer la autoridad, pero ninguna actitud que se apoye o fantasee con la violencia es legítima”.
Presidente electo condena orden de la CC
El presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa Karin Herrera, desde una conferencia de prensa ofrecida este miércoles, condenaron enérgicamente la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el uso de fuerza a aplicarse en contra de manifestantes que se mantienen frente al edificio central del Ministerio Público (MP), mientras se desarrolla un proceso de diálogo.
Lo anterior luego que el MP dirigido por María Consuelo Porras hizo la solicitud. A decir de Arévalo dicha orden se da cuando se realizan diversos procesos de diálogo que buscan dar salidas a las crisis.
Además, esta cuenta con el seguimiento de la Organización de Estados Americanos, y que afirmó Arévalo, son procesos en curso, por lo que el uso de la fuerza contra una de las partes en un diálogo en curso es absolutamente “inaceptable”.
El presidente electo se pronunció posterior a la orden de la CC que ordena al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC) el desalojo de los manifestantes, quienes exigen la renuncia de Porras, el fiscal de la FECI Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.
Posible uso de la fuerza desata críticas
La orden de la CC ha sido ampliamente criticada por diversos sectores de la sociedad guatemalteca, quienes consideran que se trata de una medida represiva que podría generar una escalada de violencia.
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), la principal organización de oposición al gobierno de Alejandro Giammattei, advirtió que el uso de la fuerza contra los manifestantes sería un “crimen de lesa humanidad”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a las autoridades guatemaltecas a respetar el derecho a la protesta y a evitar el uso de la fuerza.
La situación en Guatemala se encuentra en un punto crítico, con un clima de tensión y polarización que podría desembocar en un conflicto mayor.
