La Fiscalía de Guatemala presentó este viernes 8 de diciembre los resultados de una investigación que revela supuestas irregularidades. Basada en ese informe, la Fiscalía señaló como no válidas las elecciones de agosto de este año, en las que ganó el candidato presidencial del movimiento Semilla, el progresista Bernardo Arévalo. La OEA y la UE condenaron la acción del Ministerio Público.
El propio Arévalo encabezó en la víspera una manifestación pacífica “en defensa de la democracia”. Miembros del partido de Arévalo subrayan que la Fiscalía no tiene ninguna potestad para anular las elecciones, mientras que el Tribunal Electoral legitimó el triunfo de Arévalo y también los resultados de los comicios.
El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala aseguró este viernes 8 de diciembre que las elecciones ganadas este año por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
Ángel Arnoldo Pineda, secretario general de la Fiscalía, presentó un caso con “resultados contundentes, técnicos y no políticos”, que supuestamente demuestran irregularidades en las elecciones de agosto de 2023.
La fiscal Leonor Morales explicó, por su parte, que las actas electorales utilizadas en los comicios “no fueron autorizadas» inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral. Por ello, dijo, deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano. «Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados» electorales, dijo la fiscal.
Las investigaciones se iniciaron por una denuncia presentada por un ciudadano, el 14 de julio de 2022, quien quiso afiliarse a un partido político, pero no pudo porque supuestamente ya estaba registrado en el movimiento Semilla, el partido de Arévalo, sin su consentimiento.
Sin embargo, minutos después de los señalamientos de la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral garantizó el triunfo de Arévalo y los resultados de los comicios.
La presidenta del tribunal electoral, Blanca Alfaro, indicó que los resultados están firmados y certificados, aunque también señaló que una sentencia distinta de la Corte de la Constitucionalidad, máximo tribunal del país, podría anular su decisión.
«Si no toman posesión, reitero, habría rompimiento del orden institucional», dijo la titular del tribunal electoral en referencia a la posibilidad de que se anulen los comicios y Arévalo no sea investido el próximo 14 de enero.
Desde su victoria, en agosto pasado, Arévalo ha denunciado que el Ministerio Público ha intentado, de todas las formas, bloquear su posesión, prevista para enero próximo.
La Fiscalía ha emprendido acciones, como la cancelación del movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo, señalando un caso de supuestas firmas falsas para constituir la agrupación política.
Intento de golpe de Estado
La Organización de Estados Americanos (OEA), quien ha realizado un seguimiento a las elecciones del país centroamericano, condenó y calificó este viernes las actuaciones de la Fiscalía como “un intento de golpe de Estado”.
“Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de derecho y una violación de los derechos humanos de la población de su país”, señala un comunicado publicado por la organización.
La OEA llama al actual presidente Alejandro Giammattei, así como a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso “a defender las instituciones y el orden constitucional del país, tomando acciones contra los perpetradores de este atentado en orden de preservar la Democracia en Guatemala”.
Asimismo, la Unión Europea, el Gobierno de España y el de Colombia expresaron su rechazo a la acción de la Fiscalía.
Por su parte, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, señaló un “esfuerzo golpista por parte del Ministerio Público” de Guatemala.
Andrea María Reyes, diputada electa del movimiento Semilla, aclaró que la Fiscalía no tiene ninguna potestad para anular las elecciones de agosto.
