El abogado Dennis Muñoz presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud para que se indulte la condena de 12 años de cárcel por extorsión a Félix José Rodríguez Anzora por considerar que el proceso en su contra fue viciado.
Según el abogado, entre las anomalías presentadas en el caso están las contradicciones que hay entre los testimonios de las supuestas víctimas y uno de los agentes que capturó a Rodríguez Anzora. Las supuestas víctimas identificadas con los nombres claves «Turco» y «Catracho» afirmaron que el imputado, al momento de su captura, vestía con un jean azul mientras que el policía dijo que llevaba puesto un «short» verde tipo militar.
Rodríguez, quien se dedicaba a la construcción de estructuras metálicas, fue capturado el 25 de abril del 2015, cuando regresaba a su casa, ubicada en la colonia Altavista, luego de visitar a su madre, en Bosques del Río. A la altura del kilómetro 5 de la Carretera de Oro, es detenido por varios policías, quienes tenían a otro hombre hincado y con el rostro ensangrentado, según el testimonio de su familia.
«Él se queda espantado porque le atribuían dicho delito y él les dijo, ‘si ustedes tiene la hipótesis, ustedes tienen que ver si mi teléfono está enlazado el número con el otro sujeto, porque yo no lo conozco’. Lo señores agentes, sin remediar palabras, lo hacen que se hinque, rosearon gas en sus ojos y en su boca», expresó su esposa.
De los tres policías que participaron en su captura, solo uno compareció para rendir su testimonio y este en la audiencia final, según señaló Dennis Muñoz y Susana de Jesús Galán, dijo que «no le constaba que-Josué Rodríguez-hubiera participado en la extorsión».
Por otra parte, su abogado acotó que en la resolución emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador no se acredita a ninguna víctima, es decir, que en cualquier proceso donde hay un apodo o seudónimo clave de alguna víctima, tiene que verificarse el régimen de protección de víctimas y testigos.
«En esta sentencia no se advierte nada de esto en la prueba documental, ni pericial, ni de ninguna clase. A mi juicio, estoy aduciendo de que no hubo víctima determinada en este proceso», expresó Muñoz.
Finalmente, el abogado acotó que cuando «que cuando extorsionan a las víctimas se les entrega $20, pero no era una entrega controlada, sin embargo, nunca se encontraron esos $20. Por eso, que tanto a Josué como a la otra persona condenada, nunca se les condenó a una responsabilidad civil a pesar de haber sido un delito patrimonial».
A pesar de las irregularidades señaladas, la defensa del imputado no logró revertir la sentencia y por ello, se busca que a través de la Ley de Ocursos de Gracia la Asamblea Legislativa le perdone esta condena. Esta normativa fue aprobada en 1998 y contiene los procedimientos para solicitar indultos, amnistía y conmutación de penas.
