Las organizaciones que conforman el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) realzaron una balance de los seis años de la entrada en vigencia de esta normativa.
Según Jiovanni Fuentes, coordinador del Área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE); y Javier Castro, director de Estudios Reales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrolllo Económico y Social (FUSADES); negar la información es la principal limitante que ponen las instituciones públicas a la ciudadanía, en especial la Corte Suprema de Justicia y Casa Presidencial.
De acuerdo a Castro, pese a que la normativa ha tenido un grado favorable de independencia y robustez, esencial en la lucha contra la corrupción, ha enfrentado diversos obstáculos como la falta de presupuesto adecuado.
Los comisionados Mauricio Vásquez y Jaime Campos finalizaron su gestión el pasado 23 de febrero, pero aún continúan en el cargo hasta que la Asamblea Legislativa nombre a sus sustitutos.
En ese sentido, la directora de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Sofia Flores, solicita que el proceso elección de los nuevos funcionarios se apague a la capacidad y probidad de los mismos a fin de garantizar su autonomía e independencia.
Estas organizaciones evaluaron como positivo el trabajo realizado por el Instituto de Acceso a la Información Público y por ello expresaron la necesidad de fortalecer a esta entidad para que la población pueda fiscalizar el accionar de quienes manejen fondos públicos, incluyendo a los privados.
