Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) finalizó con su participación en la etapa de oferta de pruebas de acusación en el caso de la tregua.
Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público, la defensa señaló que los mismos son contradictorios y que se procesa a quienes no tenían poder de decisión en el proceso de pacto entre pandillas, señaló el abogado Luis Mario Pérez Bennet.
Por su parte, el fiscal del caso sostiene que se se busca penalizar las acciones ilícitas que se realizaron durante dicho proceso, mediante las cuales, a juicio del Ministerio Público, solo se favoreció a las pandillas, permitiéndoles tener más control de territorios, armarse y recibir entrenamiento militar. Asimismo, cuestionó los resultados que dejó la tregua pactada durante la administración de Mauricio Funes.
Para Raúl Mijango, uno de los 21 procesados, Fiscalía criminaliza una «política de Estado» que sí generó resultados positivos. De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, Mijango incidió en el aumento de los índices de homicidios a fin de presionar al Gobierno para continuar con el pacto con los grupos criminales, acusación que es rechazada por el exmediador.
En la diligencia a cargo del Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, el Ministerio Público solicita que el caso trascienda a vista pública, mientras que la defensa pide el sobreseimiento argumentando que sus representados no incurrieron en los delitos que se les atribuyen, los cuales son actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros de detención, así como falsedad ideológica e incumplimiento de deberes.
Fiscalía incorporó al proceso el relato de al menos 25 testigos y documentos como actas de inspecciones oculares, libros de registros de centros penales e informes de la Dirección de Centros Penales.
