Con 65 votos a favor, la Asamblea Legislativa ratificó este martes una iniciativa para aprobar la Ley General de Modernización Digital del Estado, lo que permitirá que Google establezca operaciones en territorio salvadoreño para ayudar a la transformación digital, a modernizar los servicios gubernamentales y beneficiar a diversos sectores para reducir tiempos y costos.
La ley fue aprobada mediante dispensa de trámite, y faculta a “todas las instituciones del Estado, sus dependencias y organismos auxiliares” para suscribir Acuerdos de Afiliación para contratos o acuerdos con Google que le permitan solicitar servicios de acuerdo a sus necesidades.
El proyecto de la firma estadounidense digitalizará los procesos y proyectos del Gobierno con herramientas brindadas por Google Distributed Cloud (GDC), una cartera de soluciones de Hardware y Software, a través de una asociación de 7 años en los cuales el Estado salvadoreño deberá invertir al menos $500 millones para que la alianza pueda ser implementada.
Como parte del primer componente, se digitalizarán los procesos y proyectos gubernamentales, que incluyen la facturación electrónica.
En cuanto al área de salud, se hará uso de la inteligencia artificial (IA) para ayudar a que los médicos tengan acceso en tiempo real a la información del paciente, y en educación se espera implementar una plataforma de datos educativos que brindará a profesores y padres de familia, entre otros, información educativa relacionada a los alumnos.
Ante esto, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la aprobación de la ley ya que no se conoce el contenido del documento de dicha alianza, pues no ha sido publicado.
“¿ESTO ES INVERSIÓN EXTRANJERA O UNA ENORME COMPRA PÚBLICA? Hay una gran diferencia. Conociéndolos, estimados puyabotones, lo más seguro es que van a votar sin saber de qué se trata el convenio”, expresó a través de su cuenta de X.
Además, la parlamentaria explicó que lo que se conoce de este proyecto es que se comprarán servicios a Google por al menos $500 millones.
“El gobierno está dispuesto a comprometer dinero público de ejercicios fiscales futuros para contratar a una transnacional… Pero no está dispuesto a pagarle el fondo de pensiones a los trabajadores. O lo que les debe a los bancos nacionales, que es el dinero de los ahorrantes”, concluyó.
