Se produce el choque entre las fuerzas que componen el Gobierno, con el Partido Socialista como impulsor de la modificación, apoyado por el Partido Popular, y Unidas Podemos y el resto de los socios de la investidura, en contra.
El Senado de España apruba definitivamente en la tarde de este miércoles la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’, después de la polémica que provocara la revisión de penas a la baja para agresores sexuales tras su entrada en vigor en el mes de octubre.
La modificación, propuesta por el Partido Socialista, al que pertenece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió adelante gracias al respaldo de la principal fuerza opositora, el Partido Popular (PP), y con el rechazo del otro miembro del Gobierno, Unidas Podemos (UP), y del resto de socios del bloque de investidura.
El cambio había sido aprobado la semana pasada en el Congreso de los Diputados y enviado al Senado, donde el grupo socialista no admitió ninguna de las 41 enmiendas presentadas en la Comisión de Justicia. Durante esta jornada tuvo lugar el debate en el pleno del Senado, que realizó la votación esta tarde y fue aprobada.
¿En qué cambia la norma?
El principal cambio refiere a la introducción de un subtipo agravado para las agresiones sexuales cometidas con violencia o intimidación, ya que hasta ahora el tipo era el mismo, mientras que la violencia y la intimidación se contemplaban como agravantes.
Esta modificación supone además un cambio en las penas mínimas de algunas horquillas para evitar que, como ha sucedido durante los últimos meses, se produzcan rebajas de penas cuando se revisan sentencias en las que se habían impuesto las mínimas.
Además, los márgenes en este subtipo son más pequeños para limitar la discrecionalidad de los jueces. Así, las principales penas que cambian son las de agresión sexual con penetración, que queda en un rango de entre 6 y 12 años, frente a los 4-12 anteriores; y la agresión sexual con penetración y agravantes, que se sitúa entre los 12 y los 15 años, frente a los 7-15 de antes.
Tensión en el seno del Gobierno
La ley fue impulsada por el propio Gobierno, liderada por el Ministerio de Igualdad, pero con la colaboración e implicación de otros, como el de Justicia. Sin embargo, su reforma ha provocado un choche entre las dos alas del Gobierno, entre socialistas y Unidas Podemos.
Tras el estallido de la polémica el Partido Socialista se avino a proponer una modificación de la norma, mientras que su socio en el Ejecutivo se ha negado desde el inicio, defendiendo que la nueva ley era un paso adelante en los derechos de las mujeres y que el cambio propuesto suponía un retroceso al quitar el consentimiento del centro de la misma.
¿Cómo surge la controversia?
La polémica estalló poco después de que la norma entrara en vigor, cuando comenzaron a producirse las revisiones de condena que, al 31 de marzo implicaban una rebaja de penas para más de 900 agresores sexuales, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La nueva ley fundía los tipos de abuso sexual y agresión sexual en uno solo, dejando la violencia e intimidación, que era lo que los diferenciaba anteriormente, como agravantes. Así, al abarcar el tipo penal un mayor número de conductas, unas más leves y otras más graves, se amplió la escala de penas.
El problema se presentó cuando agresores sexuales condenados a penas mínimas comenzaron a pedir la revisión de sentencia, en los casos en los que las nuevas penas mínimas eran menores. En la mayoría de los pedidos no se ha producido la rebaja, pero sí en más de 900.
Desde el Ministerio de Igualdad se alega que no se puede hacer una rebaja automática, porque no se ha reducido la pena del mismo tipo penal, sino que se ha creado otro diferente y que, por lo tanto, la condena que fue impuesta puede serlo con arreglo al rango actual, sin proceder a ninguna disminución.
El mismo criterio ha mantenido la Fiscalía General, que llegó a emitir una circular en este sentido. Sin embargo, muchos jueces han aplicado otro criterio, lo que ha llevado a los responsables de Igualdad a afirmar en reiteradas ocasiones que se está haciendo una aplicación incorrecta de la norma.
Desde la oposición se sostiene que la ley tenía carencias técnicas que han provocado rebajas en las penas (que a su vez generaron un centenar de excarcelaciones de presos que tras la revisión ya habrían cumplido su condena) y que ahora las mujeres están más desprotegidas que antes.
Sin embargo, la modificación pactada por el Partido Socialista y el PP no solucionará el problema, puesto que solo son retroactivas las normas más beneficiosas para el reo. De manera que la ley del ‘solo sí es sí’ tal como entró en vigor en octubre se seguirá aplicando para los delitos que se hayan cometido antes de que esté en vigencia la nueva modificación. Por lo que la revisión de condenas anteriores se seguirá produciendo.
