Los criminales se aprovechaban de una de las mayores tragedias de la historia del país sudamericano.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina reveló el procesamiento de cinco personas que participaban en una organización criminal que falsificaba pruebas en los juicios por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Además, también se involucraban en expedientes de reclamos por leyes reparatorias que permiten que los familiares de las decenas de miles de personas secuestradas, torturadas y desaparecidas, reciban una indemnización económica por parte del Estado.
De acuerdo con el comunicado de la dependencia, Adrián Martínez Moreira fue procesado como organizador de la asociación ilícita y por otros delitos como falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública en 62 hechos.
A sus presuntos cómplices, Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piis y Susana Claudia Feldman, se les procesó como miembros de la asociación ilícita.
«En la causa se investigaron distintos hechos realizados por la organización con el objetivo de obtener beneficios económicos», señaló el Ministerio.
La maniobra, agregó la cartera, consistía en realizar denuncias basadas en pruebas falsas, presentadas en los juzgados que tramitan las causas judiciales por delitos de lesa humanidad y en los expedientes vinculados al cobro de indemnizaciones por graves violaciones de derechos humanos.
«La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado«, explicó.
De esta manera, añadió el ministerio, se busca impulsar activamente este proceso para obtener una resolución judicial que permita dar claridad y transparencia ante estos hechos, ya que han tenido impacto en las víctimas y en la normal administración de justicia.
Los organismos de derechos humanos coinciden en que durante la dictadura argentina hubo por lo menos 30.000 desaparecidos.
Desde que en 2007 pudieron avanzar los procesos de justicia, han sido condenados más de 1.000 militares de todos los rangos, así como policías, sacerdotes y civiles que participaron en los crímenes masivos cometidos en los centros clandestinos de detención.
