Líderes de países latinoamericanos y del Caribe emitieron el domingo una declaración conjunta para atender la migración irregular en la región y rechazar cualquier tipo de «medidas coercitivas» destinadas a frenar el flujo de personas indocumentadas, un fenómeno que en los últimos años se ha exacerbado particularmente desde Sudamérica hacia Estados Unidos.
Al término de una reunión regional, celebrada en la zona arqueológica de Palenque, en el sureño estado mexicano de Chiapas, el Gobierno de México, así como delegaciones de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela, publicaron el documento en el que coincidieron en que si bien las principales causas estructurales de la migración son de origen político, económico, social y los efectos negativos del cambio climático, de manera importante influyen otros «factores externos».
La nota oficial expone que «factores externos, como las medidas coercitivas unilaterales de naturaleza indiscriminada, afectan negativamente a poblaciones enteras y, en mayor medida, a las personas y comunidades más vulnerables».
Y hace «un llamado a que los países de destino adopten políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de nuestra región y abandonen aquellas inconsistentes y selectivas, para evitar producir arbitrariamente, tanto ‘efectos llamada’ como efectos disuasivos, tales como la regularización de ciertas nacionalidades».
El encuentro a puerta cerrada estuvo encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y contó con la participación de los jefes de Estado de Colombia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Honduras, Xiomara Castro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, así como del primer ministro de Haití, Ariel Henry.
Ahí, Maduro y Díaz-Canel coincidieron en que las restricciones económicas por parte de Estados Unidos han sido un factor para la salida de muchos de sus ciudadanos a buscar mejores oportunidades.
En ese sentido, el mandatario de Cuba consideró que la política «hostil» del Gobierno estadounidense contra su país no solamente «impacta de forma directa y extraordinaria sobre el flujo migratorio cubano», sino también «de manera colateral en los países de la región por los que transita esa migración».
Por su parte, Maduro criticó las sanciones económicas impuestas por EE. UU. a Venezuela, por considerarlas «ilegales, coercitivas y torturantes», y aseguró que, de llegar a retirarse de inmediato y sin condiciones, en un año se revertiría la migración de venezolanos hacia el norte.
«Levántense todas las sanciones, de manera permanente, total y completa, sin extorsión, sin chantaje, sin condicionamiento, y Venezuela, así me comprometo, en menos de un año está revirtiendo todas las causas y toda esta situación», enfatizó en su mensaje reproducido en redes sociales y algunos medios de comunicación.
En el encuentro de Palenque, según se menciona en el comunicado conjunto, las partes acordaron dar prioridad a temas como la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen organizado transnacional, además de fortalecer la cooperación entre los países Sur-Sur y los países centroamericanos.
El Gobierno mexicano, por su parte, dijo que promoverá los programas sociales como «Sembrando Vida» y «Jóvenes Construyendo el Futuro» en los países del Caribe y Sudamérica.
Este encuentro se desarrolló en Chiapas, un estado mexicano identificado como punto de entrada de miles de migrantes que salen de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe con la intención de llegar a EE. UU., y en donde las autoridades y albergues se han visto rebasados para atender la situación.
De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), México y Centroamérica afrontan en los últimos meses un flujo migratorio «sin precedentes».
El presidente López Obrador ha insistido, desde febrero, en la necesidad de atender la migración en la región con programas puntuales y con ello lograr que las personas que deseen irse de su país lo hagan por gusto y no por necesidad.
De acuerdo con datos oficiales, entre agosto y septiembre pasado la migración en México se incrementó un 20 por ciento, al pasar de 225.311 a 269.780 personas.
