Sin claridad sobre los casos, el ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, justificó el uso de fuerza empleada por los militares en tareas de seguridad. Para el funcionario, los niveles de violencia actual requieren de acciones extraordinarias, por lo tanto no considera justo que se les quiera sancionar por responder a una situación “atípica” que compara con una “guerra”.
«Nosotros podemos ser señalados en el tema de los derechos humanos, pero son bien pocos. O sea, yo no tengo el número pero podría ser siete, diez casos…otros dicen que estamos viviendo una guerra, pero tampoco esto es una guerra. Estamos en medio de lo que es una guerra y un tema que ha rebasado la delincuencia común», justificó el militar.
Con alrededor de dos enfrentamientos diarios en promedio, Payés plantea que no se debe cuestionar el trabajo del ejército y la PNC, por el contrario, pide flexibilizar las leyes. Aboga por una revisión a la legislación actual que permita establecer parámetros “adecuados y congruentes”.
«Nuestros efectivos en su accionar y juntamente con la Policía están siendo juzgados con las leyes comunes. Allí genera una incoherencia y eso implica también algunos señalamientos que tienen que ver con violación a los derechos humanos «, expresó el jefe del Ministerio de la Defensa.
Tras los acuerdos de paz los militares quedaron fuera de las tareas de seguridad pública, sin embargo, a través de un decreto ejecutivo impulsado por la administración de Antonio Saca, ese componente fue ignorado y poco a poco, la participación de los militares en patrullaje fue en aumento.
«Hemos editado una cartilla que la andan los soldados en su bolsillo donde les hemos definido bien las reglas de enfrentamiento y el tema de derechos humanos, pero el fenómeno de la delincuencia en el país es muy complicado y en el accionar cuando hay enfrentamientos pudieran haber excesos», dijo el general.
De acuerdo al último balance de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el año pasado se recibieron 146 denuncias contra el ejército, que van desde agresiones hasta desapariciones forzadas, entre ellas la de tres jóvenes en Armenia, Sonsonate. Caso por el cual la Sala de lo Constitucional determinó la responsabilidad de la Fuerza Armada y pidió a la Fiscalía General de la República que realice una investigación.
«Nosotros podemos ser señalados en el tema de los derechos humanos, pero son bien pocos. O sea, yo no tengo el número pero podría ser siete, diez casos…otros dicen que estamos viviendo una guerra, pero tampoco esto es una guerra. Estamos en medio de lo que es una guerra y un tema que ha rebasado la delincuencia común», justificó el militar.
Con alrededor de dos enfrentamientos diarios en promedio, Payés plantea que no se debe cuestionar el trabajo del ejército y la PNC, por el contrario, pide flexibilizar las leyes. Aboga por una revisión a la legislación actual que permita establecer parámetros “adecuados y congruentes”.
«Nuestros efectivos en su accionar y juntamente con la Policía están siendo juzgados con las leyes comunes. Allí genera una incoherencia y eso implica también algunos señalamientos que tienen que ver con violación a los derechos humanos «, expresó el jefe del Ministerio de la Defensa.
Tras los acuerdos de paz los militares quedaron fuera de las tareas de seguridad pública, sin embargo, a través de un decreto ejecutivo impulsado por la administración de Antonio Saca, ese componente fue ignorado y poco a poco, la participación de los militares en patrullaje fue en aumento.
«Hemos editado una cartilla que la andan los soldados en su bolsillo donde les hemos definido bien las reglas de enfrentamiento y el tema de derechos humanos, pero el fenómeno de la delincuencia en el país es muy complicado y en el accionar cuando hay enfrentamientos pudieran haber excesos», dijo el general.
De acuerdo al último balance de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el año pasado se recibieron 146 denuncias contra el ejército, que van desde agresiones hasta desapariciones forzadas, entre ellas la de tres jóvenes en Armenia, Sonsonate. Caso por el cual la Sala de lo Constitucional determinó la responsabilidad de la Fuerza Armada y pidió a la Fiscalía General de la República que realice una investigación.
