Cámara falla a favor de diputado Cardoza en juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Segundo de lo Civil de San Salvador declaró no ha lugar a la existencia de enriquecimiento ilícito del diputado del PCN, Reynaldo Antonio Cardoza, a quien se le habían encontrado anomalías en su patrimonio por $1.3 millones junto a su esposa Alma Gutiérrez, quien sí fue condenada por este delito.
De acuerdo a la resolución del caso, las magistradas establecieron que el funcionario obtuvo el incremento en su patrimonio  de las “excesivas prestaciones económicas que le brinda el cargo de diputado”, así como por otros ingresos como venta de vehículos, aceptación de herencia y arrendamientos.
La resolución de la Cámara detalla que esas “excesivas prestaciones económicas” recibidas por el legislador entre 2009 y 2015 son: $171,051.66 en salarios; $142,862 en viáticos; $67,885.74 por gastos de representación; $50,050.68 en concepto de otras prestaciones; $256,207.75 de deuda política; y 65,828.88 para gastos de transporte y comunicación.
Por otra parte, Alma Gutiérrez de López fue declarada responsable de enriquecimiento sin causa justa, por lo que se le ordena restituir al Estado 78 mil dólares.
Según la instancia judicial, la esposa del parlamentaria no pudo justificar el origen de los fondos que le permitieron adquirir un inmueble en el municipio de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, por la cantidad de $28,000.
La defensa sostiene que ese dinero lo recibió de parte de la hermana de la esposa del diputado, quien se encuentra en Estados Unidos de manera ilegal, a través de los denominados “encomenderos”.
Además, en la resolución se estableció que Gutiérrez estará inhabilitada para ejercer cualquier cargo público en los próximos diez años.

Entre otras cosas, la Cámara señaló que se librará un oficio para el Ministerio de Hacienda para que en caso de ser pertinente se investigue la probable infracción a las obligaciones tributarias.
Fiscalía señala que la Cámara tiene 15 días hábiles para presentar el fallo del caso. Posteriormente, partes procesales tendrán cinco días par presentar la apelación ante la Corte suprema de Justicia.
Por su parte, la defensa pese a estar satisfechos por la resolución presentarán los recursos necesarios para demostrar que la esposa del parlamentario tampoco es responsable del delito que se le atribuye.

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