En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Red por el Derecho a la Comunicación (RedCO), integrada por organizaciones sociales, académicas y de medios comunitarios, pidió al Gobierno que revise las concesiones de frecuencias de radio y televisión antes de renovarlas este año.
Según el artículo 126 de la Ley General de Electricidad y Telecomunicaciones, las frecuencias serán concesionadas por un periodo de 20 años, prorrogados automáticamente por el mismo periodo. Algunas empresas mediáticas cumplen este año dos décadas desde que adquirieron las frecuencias de radio y televisión; y como lo expresa la normativa, deberán ser concesionadas por otro periodo similar.
Por ello, antes que pase esto, estas organizaciones piden a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) de que verifique si estas empresas no adquirieron de manera irregular las frecuencias.
Por otra parte, el director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), Leonel Herrera, señaló la necesidad de transparentar y democratizar la pauta publicitaria de las instituciones públicas.
Por su parte, Óscar campos, miembro de la Iniciativa Social para la Democracia, expresó que el Gobierno debería dar el ejemplo a través de la Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia institucionalizando criterios y mecanismos para trasparentar la asignación publicitaria en los medios de comunicación.
También cuestionaron a la Corte Suprema de Justicia por ampararse ante la Sala de lo Constitucional para no acatar dos resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el cual había ordenado que los magistrados de esta Sala informaran sobre la reunión sostenida, el año pasado, con representantes de algunos medios de comunicación y que el Órgano Judicial entregara la base legal del examen de notariado de 2013.
Por otra parte, cuestionaron las prácticas antiéticas de los medios de comunicación, las cuales afirmaron deben regularse porque generan gran impacto respecto al perfil que construyen de una persona o situación por medio de la difusión de «noticias manipuladas, sesgadas y tergiversadas».
Finalmente, pidieron a la Asamblea Legislativa que retome la discusión del proyecto de Ley de Medios Públicos con el objetivo de institucionalizar un sistema de medios de comunicación estatales que sean pluralistas e independientes del Gobierno en turno.
