Tutela Legal “Dr. María Julia Hernández” y la Concertación Monseñor Romero se pronunciaron luego que el Juzgado Cuarto de Instrucción anulara el sobreseimiento definitivo, decretado en 1993, a favor del capitán Álvaro Rafael Saravia, el único imputado por participar en el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Estas organizaciones, quienes son las que representan en el proceso a la familia de Romero, pidieron a la Fiscalía General de la República que se pronuncie e investigue a los autores materiales e intelectuales de asesinar al arzobispo en 1980.
La resolución de la instancia judicial abre la puerta para que el proceso que se encontraba en el Juzgado Cuarto de lo Penal continué, el cual lo finalizó automáticamente luego que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Amnistía en 1993. Sin embargo, con la declaratoria de inconstitucionalidad de esta normativa, el 13 de julio del 2016, los crímenes de guerra y las violaciones a los derechos humanos pueden ser procesados.
Las organizaciones hicieron un llamado al fiscal General de la República, Douglas Meléndez, a actuar diligentemente en el caso, ya que han pasado tres años en que las organizaciones de derechos humanos exigen realizar una investigación completa, imparcial y efectiva, que permita identificar, juzgar y sancionar a los autores del magnicidio de Monseñor Romero.
La asociación de juristas expresó que ya no existe impedimento para dar persecución y capturar a los responsables del hecho. Para ellos, la resolución abre la posibilidad de aplicar una efectiva justicia transicional y no prolongar más la impunidad en el caso.
El informe de la Comisión de la Verdad señala que, además de Saravia, participaron en el asesinato el mayor Roberto d’Aubuisson, fundador del partido ARENA; el capitán Eduardo Ávila; Fernando Sagrera, Mario Molina, hijo del expresidente Arturo Armando Molina; y Amado Antonio Garay. De estos, solo Garay y Saravia siguen con vida.
Según un reportaje del periódico El Faro, Álvaro Saravia se encuentra escondido en una zona rural desde hace varios años, sin dar más detalles si vive en El Salvador u otro país. Mientras que Garay pidió criterio de oportunidad, en Estados Unidos, para testificar en contra de Saravia, quien huyó de ese país antes de ser procesado por violación a los derechos humanos.
