Denuncian constantes detenciones arbitrarias

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María, como la llamaremos para guardar su identidad, es una de las tantas víctimas de abuso policial y detenciones arbitrarias que registran organizaciones defensoras de derechos humanos. Su familia denuncia que el pasado 12 de marzo fue detenida mientras se encontraba descansando en su casa de habitación.
Aseguran que los elementos policiales se la llevaron sin explicar los motivos o presentar alguna orden de captura. Fue acusada de extorsión agravada y actualmente enfrenta un proceso injusto y malintencionado, a juicio de sus familiares.
De acuerdo al abogado Dennis Muñoz desde la captura de María se percibieron diferentes irregularidades, mismas que se repiten en al menos cinco casos que son de su conocimiento. En la mayoría de estos casos se han criminalizado a jóvenes y mujeres. Para Muñoz, la errónea aplicación de la justicia sigue afectando a la población más vulnerable del país.
Wendy Morales, es una activista que también fue acusada de manera irregular por extorsión. Tras presentar las pruebas necesarias y argumentar  errores cometidos por la Fiscalía General de la República, se comprobó su inocencia.  Sin embargo, asegura que pese a quedar en libertad se ha enfrentado a diversas implicaciones negativas debido a que el Estado no reparó los daños que le generó con el proceso judicial en su contra.
Los testimonios se dieron a conocer en un conversatorio organizado por Tatiana Alemán, hermana de Daniel Alemán, un joven acusado por  portación de droga con fines de tráfico, por el cuál fue absuelto. Sin embargo, aún continúa detenido por el delito de extorsión agravada, por el cual el momento el Ministerio Público no ha logrado acreditar. En dicho caso se procesan a dos agentes policiales por cometer fraude procesal en contra de Daniel.
Tatiana Alemán pide a las autoridades ejecutar con responsabilidad los planes de seguridad a fin de no criminalizar a personas inocentes.
Según un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el año pasado, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil fueron las instituciones más denunciadas por la población.

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