FAES mintió para destruir información del conflicto armado

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El Archivo General de la Nación y el Ministerio de la Defensa Nacional eliminaron, entre 2013 y 2016, información de dos destacamentos militares, la cual había sido solicitada por seis ciudadanos el 28 de octubre de 2013 para intentar reconstruir dos masacres ocurridas durante el conflicto armado. A los solicitantes se les dijo que no se contaba con esa documentación. Pero, según consta en dos actas de expurgo (destrucción) del Archivo General de la Nación, parte de esta información fue destruida tres años después de haberla declarado inexistente.

Como paradoja, el artículo 12 de la Ley del Archivo General de la Nación manda a esta institución a verificar los procedimientos de destrucción para evitar que se destruya información con valor histórico. Sin embargo, esta dependencia de la Secretaría de Cultura de la Presidencia avaló la eliminación de esta documentación.

En la solicitud de los ciudadanos se pidió “detalle de los operativos militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, (en) febrero de 1983 y en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981. Incluyendo los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nóminas de las tropas ejecutoras, nómina de oficiales y jefes de los destacamentos militares involucrados, el número de bajas militares, tanto del ejército como insurgentes y civiles de dichos operativos, y toda información que esté en poder de ese Ministerio(de Defensa) que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de las campañas militares que se desarrollaron en esos períodos”.

De manera muy conveniente, un acta emitida por administración anterior del Archivo General de la Nación, el 15 de octubre de 2013, certifica la destrucción de información de uno de los dos destacamentos señalados de tener participación en las masacres. Es decir, fue realizada solo 13 días antes que la solicitud hecha por los ciudadanos ante el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN). Según esa acta, el 20 de septiembre de 2013, el Archivo General de la Nación recibió una solicitud del MDN para que se verificara la eliminación de los documentos producidos por la 5 ª Brigada de Infantería, en San Vicente, desde 1975 hasta 2011. Esta brigada fue la encargada del operativo militar en el cantón San Francisco Angulo, en Tecoluca, en donde fueron asesinadas 45 personas.

Según el documento en cuestión, el 8 de octubre de 2013, el Archivo General de la Nación verificó la eliminación de 26 paquetes que contenían los registros de “consignas de guardias(manual de tareas), jefe de servicio, capitán de cuartel, turnos de guardia, correspondencia despachada, constancia de lesión, memorandos, cuadros de efectivo batallón 51, partes(informes) de situación”, entre otra información.

Precisamente, la comisión del Archivo General de la Nación —compuesta por Luis Gerardo Monterrosa y Vilma Guadalupe Pérez Martínez, director y técnica del AGN; el Sargento Miguel Marcial Catro Ramírez, responsable del Archivo de la 5 ª Brigada de Infantería en San Vicente; y Guadalupe Alberto Cortez, responsable del Archivo General del Estado Mayor—  justificó la destrucción de esta información por “carecer de valor histórico”.

Al siguiente mes, la Oficina de Información y Respuesta del MDN le respondió a los seis ciudadanos que la documentación que habían solicitado era inexistente. Inconformes, los solicitantes apelaron ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

El exdirector del Archivo General la Nación de esa época, Gerardo Monterrosa, dice que al menos en ese primer expurgo no se destruyó información relacionada con operativos militares de valor histórico que pudieran aportar a reconstruir la masacre en San Vicente.

En el 2014, el IAIP estableció que un designado de esta institución debía verificar en los archivos del ejército para saber si en verdad existía o no la información de estos operativos militares. Pero el ministro David Munguía Payes negó el acceso a las instalaciones de la Fuerza Armada.

Un año después, el 9 de abril de 2015, el AGN recibió de parte del MDN otra solicitud para la destrucción de copias del Destacamento Militar N° 5, en Cuscatlán. En esa ocasión se pedía destruir las directivas, reglamentos, instructivos, solicitudes de empleo, certificaciones de historial militar, bajas y desapariciones en combate y de tiempo de servicio. Los solicitantes creen que esta instancia tiene documentación relacionada con los operativos militares realizado en los cantones Tenango y Guadalupe, de Suchitoto, que acabo con la vida de más de 250 personas.

Esta vez, la comisión que verificó la destrucción de esta información estuvo a cargo de Carlos Ernesto Aguiluz Ventura y José Luis Bonilla, subdirector y técnico del AGM. Por parte del Ministerio de la Defensa se designó al mayor Kelvin Alfredo Vásquez Mejía, al técnico en archivo Miguel Edgardo Hernández Carranza y a Zuleyma Thatiana Mendoza de Herrera.

Respecto al tema, se contacto al subdirector del Archivo General de la Nación y miembro de esta comisión, Carlos Aguiluz. “Me imagino que me querés preguntar por el tema de los documentos que dicen hemos destruido (…) No puedo dar declaraciones, hasta después de las vacaciones. Pero te voy a avisar y les daremos todo lo necesario“, respondió.

El 23 de noviembre del año pasado el proceso se repitió por tercerca vez. Los integrantes fueron Antonio Martínez y José Leandro Avendaño, ambos del AGN; el técnico en archivo Miguel Marcial Castro Ramírez, Óscar Gómez Martínez, el mayor Kelvin Alfredo Vásquez Mejía; los técnicos David Antonio Pérez Sánchez y Miguel Ángel Carranza. La información destruida en esa ocasión consistía en libros de registros de llamadas salientes y recibidas en conmutador, libros de control de turno de personal de tropa, libros de actividades diarias, libros de visitas a personal administrativo, libros de correspondencia de entrada y salida, borradores de informes de reuniones de trabajo, cuadros y listados de personal destacados en perímetros y zonas internas de la 5 ª Brigada de Infantería, en San Vicente, desde 1980 a 2012.

Hace dos semanas, el IAIP informó que pedirá a la Fiscalía General de la República que investigue al Ministerio de la Defensa y al Archivo General de la Nación por la expurgación de esta información porque preliminarmente identifica el posible delito de fraude procesal, encubrimiento e infidelidad en custodia de documentos públicos por parte de ambas instituciones públicas.

En respuesta, el ministro David Munguía Payes realizó una conferencia de prensa junto a los miembros del Estado Mayor en la que reiteró que la información que se había destruido era administrativa. Señaló que la información de las dos masacres es inexistente, porque la mayoría de planes militares y órdenes de operativos se realizaban verbalmente, por ende, no existen registros documentales.

“Nosotros consideramos que dicha resolución, además de parcializada, fue emitida arbitrariamente por el IAIP sin concedernos el respectivo derecho de audiencia y defensa de este ministerio, y sin la vista efectiva del contenido de este inventario de lo expurgado que contiene esta documentación”, reza el comunicado de la institución castrense.

Para Claudia Interiano, representante legal de los ciudadanos que han solicitado la información, los documentos expurgados por el Ministerio de la Defensa pueden servir para profundizar sobre estas masacres. Además, añade que si es cierto que las órdenes y planes militares se daban de manera verbal, se puede reconstruir esta información a partir de los testimonios de los miembros del ejército que se encontraban destacados en estos lugares.

“Estamos pidiendo información directa de planillas, memos y todo lo que destruyeron. Lo estamos solicitando, porque es un derecho de la Ley de Información Pública, es que se nos que dé(la información) de manera directa para evaluar si esa información era o no relevante”, señala Interiano.

Estas dos masacres quedaron en la impunidad por más de 30 años tras la aprobación de la Ley de Amnistía aprobada en 1993, la cual eximía de responsabilidad penal y civil a los autores materiales e intelectuales de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil. Sin embargo, el año pasado la Sala de lo Constitucional declaró invalida esta normativa y con ello se ha abierto la puerta para procesar este tipo de casos.