El gigante minero canadiense First Quantum Minerals (FQM) y el gobierno de Laurentino Cortizo están siendo el centro de atención debido a las protestas que se están llevando a cabo en Panamá. Estas manifestaciones están siendo encabezadas por obreros, maestros, médicos, estudiantes y ambientalistas, y han aumentado sus demandas.
La aprobación de una ley por parte del Congreso en menos de 24 horas, el pasado 20 de octubre, selló el acuerdo entre FQM y el gobierno de Cortizo. El acuerdo permite que la minera opere en Panamá durante 40 años, tras una larga negociación luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato original en 2017 debido a la falta de licitación.
Estas protestas son resultado de un descontento acumulado por el costo de vida y otros problemas sociales, y la minera se convirtió en el detonante. Los manifestantes exigen la derogación de la ley y algunos sectores también piden paralizar las concesiones mineras y establecer una moratoria.
El contrato contempla ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares para Panamá, lo que representa diez veces más que el acuerdo anterior de 1997. Además, la empresa canadiense se compromete a realizar inversiones millonarias en las comunidades cercanas a la mina. Sin embargo, hay preocupación por la sostenibilidad de la actividad minera, y se ha solicitado la revisión del código de minería y un control estricto de las concesiones existentes.
Desde el punto de vista ambiental, se destaca que Panamá cuenta con grandes reservas de cobre en lugares como Cerro Colorado y Donoso. Sin embargo, estas actividades mineras son consideradas destructivas y contaminantes, especialmente en un país pequeño como Panamá, que conecta dos océanos a través de sus ríos y bosques tropicales.
El gobierno ha prohibido las nuevas concesiones mineras metálicas, pero ha mantenido el contrato con First Quantum, lo que ha provocado que las protestas continúen. Algunos analistas sugieren que la solución podría estar en una derogatoria por parte del Congreso, a petición del gobierno, mientras que otros plantean que la decisión final podría recaer en la Corte.
Queda por ver cuál será la salida a esta situación, aunque el gobierno podría buscar el desgaste de las protestas y esperar a las celebraciones patrias en noviembre como un acontecimiento que podría desviar la atención de las manifestaciones.
